Por Aurelio Contreras Moreno
La censura que avanza en México no necesita presentarse con la forma de una prohibición expresa, de un medio clausurado o de un periodista encarcelado. Ahora puede disfrazarse de protección de derechos, de regulación administrativa, de combate a la violencia política o de defensa de la propiedad intelectual.
El resultado que se persigue es el mismo: inhibir la crítica, intimidar a quienes ejercen el periodismo y conseguir que los ciudadanos se lo piensen dos veces antes de cuestionar a quienes tienen el poder.
Lo preocupante, junto con la proliferación de iniciativas legales que abren espacios para restringir la libertad de expresión, es la creciente naturalidad con la que políticos, legisladores y autoridades recurren a los instrumentos del Estado para intentar poner límites al escrutinio público y a la crítica, periodística o social, como si ocupar un cargo de elección popular les otorgara el derecho de decidir qué puede decirse sobre ellos.
En agosto pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, pese a las objeciones expresadas desde el sector de la radiodifusión, entre profesionales de la comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. La autoridad sostiene que las disposiciones no interfieren con la independencia editorial y que únicamente establecen procedimientos para atender las quejas de las audiencias. Sin embargo, las inquietudes sobre sus posibles efectos inhibitorios no fueron disipadas, pues la única “garantía” es la mera promesa oficial de que no habrá censura. Y ya comienza a percibirse un modus operandi: “audiencias” muy “molestas” –particularmente con contenidos críticos hacia el gobierno- reclamando a los medios para intentar eliminar el material y/o sancionar a sus creadores.
A ello se sumaron los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la cobertura informativa de las elecciones de 2027, cuyo alcance provocó otra controversia. El INE pretendió incorporar a su metodología de monitoreo una variable que permitía evaluar expresiones de sarcasmo, ironía y otros elementos por demás subjetivos en los contenidos periodísticos. El Tribunal Electoral federal terminó por invalidarla al considerar que podía inhibir el ejercicio periodístico y afectar el derecho ciudadano a recibir información plural. Es decir, hubo que recurrir a una instancia jurisdiccional para impedir que la autoridad electoral se arrogara la facultad de evaluar recursos expresivos que forman parte del lenguaje habitual de la crítica política.
¿Desde cuándo el Estado debe determinar si un periodista utiliza demasiado sarcasmo para referirse a un gobernante? La respuesta es que no debería hacerlo nunca. Pero la tentación aparece cada vez con mayor frecuencia.
Un caso reciente y muy ilustrativo es el de la diputada morenista de Jalisco, Itzul Barrera –por cierto y para mayor escarnio, hija de un periodista-, quien denunció por violencia política en razón de género al caricaturista Paco Navarrete por una sátira publicada en un diario. El asunto terminó con una sentencia que obliga al cartonista a disculparse públicamente mediante un video, “reconocer” –a fuerza- diversas modalidades de violencia y mantener este contenido durante 15 días en sus redes sociales.
Navarrete sostiene que su trabajo fue una crítica política y rechaza que tuviera una intención discriminatoria. La resolución judicial, en cambio, consideró que existió violencia simbólica y de género, banalizando esta figura legal creada para proteger a las mujeres que de verdad son víctimas.
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle ha incorporado a su discurso una práctica igualmente alarmante: responder a señalamientos periodísticos con advertencias sobre posibles demandas. Este lunes, luego de que el periodista Jorge Fernández Menéndez publicara un señalamiento que relaciona a su esposo, José Luis Peña Peña, con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador del crimen organizado detenido por fuerzas federales, Nahle reaccionó en sus redes sociales acusando al comunicador de mentir y “calumniar” a su familia.
Durante su conferencia de prensa incluso dejó abierta la posibilidad de proceder legalmente contra el periodista, experto en temas de crimen organizado, y lanzó una advertencia que en realidad no es solo para él, sino para cualquiera que señale los errores de su actuación pública: “hay límites”.
La gobernadora está en todo su derecho de rechazar acusaciones que considere falsas, exigir pruebas y ejercer su derecho de réplica. Más aún cuando se trata de imputaciones graves que deben estar sustentadas. Otra cosa, sin embargo, es utilizar la posición institucional y el poder para enviar mensajes intimidatorios hacia quienes investigan asuntos de interés público.
Los límites de la libertad de expresión existen, por supuesto. Pero no los determina el disgusto de un gobernante ni su capacidad para movilizar recursos legales –y mediáticos, vía sus textoservidores- contra sus críticos, usando para ello dinero público. Los límites los establecen la Constitución, los derechos humanos de los ciudadanos y los estándares de protección que, en una sociedad democrática, exigen una tolerancia especialmente amplia a la crítica cuando se trata de servidores públicos.
Mientras estos episodios se multiplican, en el Congreso de la Unión avanzan las modificaciones legales que han recibido el nombre de “leyes antimemes”. Una de ellas, aprobada en el Senado, plantea sanciones por el uso indebido de la identidad gráfica institucional con fines de “engaño” y para cometer ilícitos. Otra iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre, modifica la legislación sobre derechos de autor para obligar a plataformas digitales a retirar o inhabilitar contenidos que infrinjan supuestos derechos de propiedad intelectual.
El oficialismo sostiene que no pretende castigar la sátira ni la crítica política. Empero, las sanciones económicas previstas para los proveedores de servicios han generado advertencias sobre el incentivo para retirar contenidos ante una reclamación, incluso antes de que se resuelva cualquier controversia de fondo. Así que realmente no hace falta que una ley diga expresamente que se prohíben los memes contra los políticos para que termine utilizándose con fines restrictivos de los mismos. Basta con establecer conceptos ambiguos, procedimientos expeditos de eliminación de contenidos y sanciones suficientemente elevadas para que las plataformas prefieran borrar una publicación antes que enfrentar un conflicto legal.
El mayor peligro no es que mañana se publique un decreto prohibiendo criticar al gobierno, sino que periodistas, caricaturistas y ciudadanos comiencen a autocensurarse.
Esa es la intención.
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