Las cuentas públicas del 2020
Las cuentas públicas del 2020
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Ahora sí que como dicen los abogados,
la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
(Orfis), Delia González Cobos entregó en tiempo y forma, los Informes
Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior
derivados de las auditorías practicadas a las cuentas públicas del ejercicio
2020, a los entes fiscalizables estatales y municipales de la entidad.
Aunque para decirlo en términos llanos,
se trata de los resultados de las auditorías practicadas a los 212
ayuntamientos y a los llamados entes públicos, para ver la forma en que
aplicaron los millonarios presupuestos del ejercicio del año 2020.
El resultado más significativo es que
se estableció un posible daño patrimonial superior a los mil 880 millones de
pesos.
Y eso que no se auditaron la totalidad
de los recursos y las obras supuestamente realizadas, solo fue una parte del
total reportado.
A estas alturas del partido, cuando ya
los ayuntamientos están a unos días de dejar el poder, no pueden argumentar que
no sabía que no estaban haciendo bien las cosas.
Las cuentas públicas auditadas son las
del penúltimo año de las administraciones municipales corresponden al año 2020,
falta ver como salen las cuentas del último año, de este 2021, en que como es
bien sabido, muchos funcionarios que ya se van, se llevan todo lo que pueden.
Hay que reconocer que se trató de un
trabajo intenso, ya que, en este proceso, fueron practicadas 863 auditorías,
revisiones y evaluaciones, de las cuales 314 auditorías fueron en materia
financiera-presupuestal, 226 técnicas a la obra pública, 62 de deuda pública y
obligaciones, 5 integrales de legalidad y una sobre el desempeño, así como 88
evaluaciones de participación ciudadana y 167 revisiones en materia de deuda
pública y obligaciones municipales.
Al entregar las cuentas públicas del
año 2020, la Auditora General del ORFIS informó en el Congreso del Estado que,
con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, se emitieron mil
994 observaciones de presunto daño patrimonial, siendo el desglose: 159
observaciones a entes estatales, mil 814 a entes municipales, 21 observaciones
a entidades Paramunicipales; en las cuales se determinó un posible daño
patrimonial superior a mil 880 millones de pesos.
Como también hay que apuntar que este
es el primer paso de un largo y sinuoso proceso, que lleva la intervención de
distintas instancias administrativas, en las que pareciera que más de tratar de
castigar los malos manejos y corrupción de los funcionarios responsables del
manejo de los presupuestos, se les brindan todas las facilidades, para que
puedan diluir y eliminar todo lo que se detectó en las auditorías.
Por lo pronto, ahora la Comisión
Dictaminadora del Congreso dará inicio al nuevo proceso de estudio y análisis;
posteriormente, el dictamen será sometido a consideración del Pleno a más
tardar el último día del mes de octubre de acuerdo a la ley.
Luego con los resultados que hayan
acordado en la Legislatura, se enviarán de regreso al ORFIS para que ahora sí
los envié a las instancias de impartición de justicia, en donde nuevamente
podrán llegar a una negociación para evitar tener que devolver lo desviado o
hasta ir a parar a la cárcel.
Aunque en la actual legislación hay un
plazo de hasta siete años, en que pueden ser llamados a rendir cuentas del
posible daño patrimonial -así le llaman al saqueo en las finanzas públicas-
hasta dentro de los próximos siete años.
Entonces habrá que dar seguimiento a
ver al final de este largo y tortuoso camino, cuantos son los funcionarios municipales
y de los entes fiscalizables que no logran solventar los señalamientos
encontrados y terminan finalmente en la cárcel.
Porque precisamente en el Informe
General y en los Informes Individuales, hay mucha información interesante de
cada uno de los entes, que merecen su análisis detallado para poder evaluar las
administraciones municipales y de los entes como son los Institutos
Tecnológicos, la Universidad Veracruzana, los sistemas de agua potable, el
IPAX, entre otros muchos.
Por lo pronto, gracias a la
transparencia en la información, nosotros ya contamos con los archivos de los
resultados de la Cuenta Pública 2020 que se entregó el Congreso y que nos
permitirán hacer un desglose de los más significativos en próximas entregas de
la Bitácora Política Veracruzana.
Porque como bien dice Pancho López el
filósofo ateniense xalapeño, “de todo hay en la viña del señor” y aquí también
en las Cuentas Públicas hay de todo.
Porque, además, no hay que olvidar que
los resultados del año 2020, se deberán agregar a los detectados en las
auditorias de los años anteriores y que, a estas alturas del partido, ya deben
de estar en las carpetas de la Fiscalía General del Estado, la Contraloría
General, y la Fiscalía Anticorrupción.
Ahí se puede encontrar también la
explicación de cómo funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno,
ahora son propietarios de lujosas mansiones en los nuevos fraccionamientos que
se han venido construyendo en la capital de los veracruzanos y no precisamente
con créditos bancarios, sino con esos presuntos desvíos millonarios.
Sería también saludable para la
transparencia, que la Contraloría General del Estado, rindiera un informe de
los casos que se han detectado de inconsistencias -mentirotas- que han
detectado entre lo que los funcionarios públicos declaran en sus bienes
patrimoniales y lo que en realidad tienen, aunque estén a nombre de sus
esposas, hijas o prestanombres.
Nada más hay que ir a comprobar, los
domicilios que dan en su declaración patrimonial, para ver si las residencias
donde viven corresponden a los ingresos que legalmente reciben o si con el
tiempo que tienen en el gobierno, pueden ahorrar para adquirir una propiedad de
esas dimensiones y características.
Pero como diría la Nana Goya: esa es
otra historia.
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