Las fosas son del gobierno de Yunes Linares
Héctor Yunes Landa
El Fiscal Jorge Winckler debe estar muy satisfecho de que la única persona que le reconoce su trabajo es precisamente quien le paga, su jefe el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Pero la realidad es que muchos veracruzanos siguen desaparecidos o extraviados, mientras la prioridad de la Fiscalía es maquillar las cifras, confrontar y agredir a los integrantes de los Colectivos de búsqueda de personas o intentar remitir al pasado las culpas del presente.
El interés por dar a conocer el hallazgo de una nueva fosa clandestina en la comunidad de Arbolillo en el municipio de Alvarado –donde habrían sido localizados los restos de al menos 174 personas-, tuvo una motivación política: adelantarse al informe que emitiría la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al siguiente día.
El jueves 6 de septiembre, el Fiscal Winckler aseguró que las autoridades hallaron una fosa clandestina con al menos 166 personas, en la zona centro del estado. En la fabricación de una historia de la que no aportó prueba alguna, dijo que un mes antes, la FGE logró identificar, ubicar y obtener el testimonio de una persona que señaló un punto en el estado en donde habrían sido inhumados de manera clandestina cientos de personas.
Y concluyó diciendo que realizaron los trabajos de investigación en la zona y 30 días después de labores localizaron los restos humanos con hasta dos años de antigüedad. Es decir, de acuerdo a Winckler, las personas fueron asesinadas y desaparecidas justo antes del inicio de esta administración. Todo es culpa de Javier Duarte, sugirió una vez más.
Pero un día después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció la farsa y el montaje. En un comunicado de prensa, confirmó que mediante un muestreo hemerográfico, se logró el hallazgo de aproximadamente 163 fosas clandestinas en el país entre 2017 y 2018, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos.
En el caso de Veracruz, hace mención a una nueva fosa clandestina –la misma a la que se refirió la Fiscalía del Estado un día antes- de la que se exhumaron los restos de al menos 166 personas “que fueron privadas de la vida en los últimos dos años”. Las evidencias con que cuenta la CNDH muestran que los restos humanos localizados en la comunidad de Arbolillo también son de la administración de Yunes Linares.
Esta pequeña población en el municipio de Alvarado es la muestra más acabada de la ineficacia, corrupción y participación de las autoridades estatales en la desaparición y homicidio de cientos de veracruzanos. Arbolillo ya había sido escenario de un hecho similar, cuando en marzo de 2017 fueron localizados 47 cráneos humanos en fosas ubicadas en una zona cercana.
Entre las víctimas encontradas entonces están los cuerpos de tres elementos de la Marina Armada de México que fueron sustraídos en el fraccionamiento Buenavista, de la ciudad de Veracruz, en enero de 2017. A pesar de los antecedentes sobre este sitio, las autoridades permitieron –por omisión o complicidad- que se siguieran sembrando cadáveres, muchos de ellos de personas desaparecidas durante la actual administración.
Haberse anticipado al anuncio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y echar la culpa al gobierno de Javier Duarte fueron las razones que le dieron a Winckler el reconocimiento del Gobernador.
En contrario, los colectivos han sido víctimas del acoso, la persecución y el agravio del gobernador Yunes Linares, quien les ha acusado de calumnias y falsedades, ignorando las obligaciones que le imponen la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares; y la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz.
Yunes Linares aseguró que la Fiscalía actuó bien al no convocar a ningún colectivo en los trabajos de exhumación en aras de no contaminar la escena del crimen, luego de que el Fiscal no informó de este nuevo hallazgo a los familiares de las víctimas, como está previsto en ambas leyes.
Familiares de personas desaparecidas también han denunciado que el Gobierno del estado y la FGE, han procesado de manera inadecuada las fosas clandestinas; no están cumpliendo los protocolos de notificación y que sus declaraciones son imprecisas y faltan a la verdad, por lo que a decir de ellos, se está dando una re-victimización, ya que se está limitando, entorpeciendo o impidiendo el acceso a la justicia y a un proceso apegado al debido proceso, contemplado en nuestro marco jurídico.
A Yunes Linares y a Winckler no los juzgará la historia. Lo harán los tribunales para ser llevados ante la justicia.
