Linchamiento y demagogia, por encima de la justicia
Linchamiento y demagogia, por encima de la justicia
Por Aurelio Contreras Moreno
La consulta que no es para “enjuiciar a los
ex presidentes de México” -como intentan hacer creer los propagandistas del
régimen de la mal llamada “cuarta transformación”- es una farsa que no solo no
lleva a ningún lado, sino que alienta el linchamiento público y, peor aún, lo
coloca por encima de la aplicación e impartición de la justicia.
El gobierno lopezobradorista y Morena, el nuevo
partido oficial, engañan a la población al promover que en la consulta se
preguntará si se está o no de acuerdo con llevar a juicio a los ex presidentes
mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto. Lo saben
perfectamente y aun así obligaron a las instituciones del Estado Mexicano a
organizar una pantomima grotesca.
La pregunta que aparecerá en la boleta de la consulta
del 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las
acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender
un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años
pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los
derechos de las posibles víctimas?”. Es importante recalcarlo para evidenciar
las falacias difundidas -a un enorme costo para el erario y para la justicia-
por el morenato gobernante.
La pregunta quedó así redactada porque la
Corte determinó -con razón- que el cuestionamiento original era
inconstitucional, por la razón que se ha planteado hasta el cansancio, pero que
la demagogia populista del régimen decidió ignorar: no se puede someter la
aplicación de las leyes, y menos de las penales, a que alguien que no sea una
autoridad competente opine en sentido afirmativo o negativo. Las leyes no se
ponen a consideración de lo que una turba manipulada decida que debe hacerse.
Si hay elementos para proceder, se acciona en ese sentido. El mandato de hacer
valer la ley ya lo tienen.
Quedando claro que no se pregunta a la
ciudadanía sobre si se lleva a juicio a los ex presidentes -de cuya propaganda fue
excluido el “tótem” político de las prácticas e ideas del lopezobradorismo,
Luis Echeverría Álvarez, él sí responsable de las masacres de Tlatelolco en
1968 y del “Halconazo” en 1971-, lo que queda es un ejercicio al que quienes
decidan acudir lo harán a ciegas, porque sus efectos no son claros. Si es que
pudiese hablarse de que tenga efectos.
Como ya se ha señalado en este mismo espacio,
la Ley Federal de Consulta Popular establece que debe registrarse una
participación de 40 por ciento del padrón electoral para que sus efectos sean
legalmente vinculatorios. La elección del pasado 6 de julio -en la que se
eligieron diputados federales y locales, ayuntamientos y gobernadores- apenas y
superó la mitad del padrón. No es factible que una consulta sin pies ni cabeza
logre generar un interés que muchas elecciones reales de autoridades y
representantes populares, no logran.
Pero concediendo que el régimen llevara a
cabo un acarreo gigantesco que le permitiera cubrir el porcentaje mínimo, lo
que se pregunta es tan ambiguo que han tenido que inventarle alcances ficticios
a la consulta, como el que se sacó de la manga el presidente de la Corte Arturo
Zaldívar, en el sentido de que servirá para crear “comisiones de la verdad” sobre
hechos del pasado. Lo cual el gobierno también podría hacer sin necesidad de
preguntarle nada a nadie.
La consulta solo sirve en realidad para
mantener en la agenda pública el clima de tensión y polarización política a
través de la imposición de la narrativa de los “villanos” y “enemigos del
pueblo”. Alguien sobre quién descargar la ira social a partir de delitos que en
la mayoría de los casos o ya prescribieron, o no son responsabilidad directa de
los personajes inculpados y sentenciados a priori, o son imposibles de probar.
Porque si verdaderamente quisieran hacer
justicia y castigar delitos como el fraude electoral de 1988 –“delito” que se
le achaca a Salinas en la propaganda oficial, a la que se prestan muchos que
alguna vez fueron respetados críticos y hoy son vulgares matraqueros del poder-,
pues podrían empezar por llevar ante un juez a quien lo ejecutó: Manuel
Bartlett Díaz, ¿no?
Y lo más grave no es el despilfarro de 500
millones de pesos o más; ni siquiera que se le mienta a la ciudadanía de manera
vulgar y cínica. Lo peor es que se vulnera la obligación de las autoridades de impartir
realmente justicia, propiciando impunidad.
Aunque eso es exactamente lo que ha hecho la
“4t” desde que asumió el poder.
Pausa
Para atender pendientes personales de su
autor, la Rúbrica se volverá a publicar el próximo lunes 26 de julio. A sus
lectores y editores, gracias por su comprensión.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
