Lo que sigue
DANIEL BADILLO
México ha dado un gran paso al modificar prácticamente todo su sistema jurídico para permitir una mayor competencia en áreas estratégicas que tiene como propósito, según han dicho diputados y senadores, alcanzar el bienestar y la prosperidad de la nación. Las reformas más importantes y que, por lo tanto, se consideran históricas dentro y fuera del país, son las siguientes: educativa, energética, político-electoral, hacendaria, financiera y de telecomunicaciones. En sólo dos años, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, logró lo que parecía imposible e impensable: modificar el marco normativo para actualizar y modernizar los cimientos jurídicos de una nueva nación que busca, ante todo y sobre todo, brindar mejores condiciones de vida para su población. El cambio, sin embargo, no será en automático y mucho menos inmediato. Cada reforma y cada acción que se derive de ellas, llevará su tiempo y su análisis. Lo cierto, sin embargo, es que ahora ya no puede haber pretexto para que México crezca y se consolide como una nación pujante, en donde su población pueda aspirar a vivir en paz y con bienestar.
Superada la prueba del debate y el acuerdo con la aprobación de las reformas propuestas por el Ejecutivo federal, que bien vale la pena reconocer fueron discutidas y analizadas por los legisladores en un ambiente plural y de respeto, lo que sigue ahora es atender uno de los compromisos que el gobierno federal planteó desde la campaña de Enrique Peña Nieto, y que tiene que ver con el combate a la corrupción en todas sus formas. Sigue pendiente la constitución y puesta en marcha de la Comisión Nacional Anticorrupción, aprobada por el senado de la República desde el 13 de diciembre del año pasado. Los mexicanos tenemos confianza en que las reformas permitirán mover a México hacia la competencia económica, la generación de fuentes de empleo y una mayor inversión; sin embargo, una exigencia de la sociedad es que se actúe también contra quienes han faltado al principio de probidad como servidores públicos. Para lograrlo, se necesita voluntad y determinación de las instancias responsables de prevenir, combatir y sancionar la corrupción; de lo contrario, a pesar de las reformas, México difícilmente podrá dar el salto hacia mejores escenarios.
Y es que de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, el costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos, lo que representa casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Es necesario, como lo ha dicho Gerardo Gutiérrez Candiani, que las autoridades combatan la corrupción, la cultura de la ilegalidad y las debilidades institucionales que alimentan la impunidad y la incertidumbre jurídica en múltiples materias. Para lograrlo, reitero, se requiere voluntad de quienes tienen a cargo la responsabilidad de hacer prevalecer la ley. La corrupción es un cáncer que todo lo corroe y todo lo pervierte, en detrimento de millones de personas. Por eso, paralelamente al México moderno y competitivo que delinean las reformas, es urgente también que haya un México en el que se combata de raíz la corrupción y las malas prácticas administrativas, tanto en el sector público como en el privado. Si bien hay avances notables con el fincamiento de responsabilidad en temas como Oceanografía y los casos de servidores públicos vinculados con actividades delictivas como Michoacán, el gobierno federal debe investigar y sancionar a quienes han hecho mal uso de los recursos públicos, afectando con ello el presente y el futuro de generaciones enteras.
Hacerlo demostraría que el gobierno federal tiene vocación de cambio y espíritu de justicia, puesto que por muchos años la corrupción ha comprometido el bienestar de miles de familias. Es un tema pendiente en la agenda pública. Ahora que las reformas han concluido y se espera que su puesta en marcha signifique beneficios para todos, es momento de dar el siguiente paso que consiste en combatir la corrupción, en analizar cómo y en qué se han utilizado los recursos públicos, y proceder contra quienes han fallado a la confianza de la sociedad con su desempeño deshonesto, ruin y ajeno a la ética que debe prevalecer en el servicio público. Por el bien del país, ojalá pronto conozcamos que se ha hecho justicia y se ha procedido contra aquellos sinvergüenzas que, carentes de escrúpulos, no dudan en robar a manos llenas.
