Los 10 principales riesgos políticos del 2022
Los 10 principales riesgos políticos del 2022
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Ahora que estamos en el principio de
año, en que se acostumbra hacer listas de buenos propósitos, resulta
interesante el reporte que acaba de dar a conocer la firma de Integalia
Consultores, en el que analiza los diez principales riesgos políticos para este
2022, que pueden afectar el entorno de negocios y gobernabilidad en el país.
El análisis se basa en una
metodología de Integralia Consultores que cuantifica el impacto potencial y la
probabilidad de ocurrencia1 de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos
y cualitativos.
Cabe señalar que riesgo no es
predicción y el nivel de probabilidad puede cambiar durante el año.
Estos son los diez puntos sobre los
que se consideran los principales riesgos que se pueden registrar en nuestro
país a lo largo del año:
1.
El presidente recrudece su política de movilización y polarización en torno a
temas prioritarios de su agenda de gobierno, incluyendo consulta de revocación
de mandato, reforma energética y reforma político-electoral, entre otros.
Esto aumenta los riesgos de concentración de poder, incertidumbre jurídica e
ineficacia
gubernamental.
2.
Se agudizan embates contra el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en tres
momentos álgidos: a) consulta de revocación de mandato, b) campañas y
elecciones 2022, y c) propuesta de reforma en materia político-electoral, lo
cual aumenta los riesgos de concentración de poder e incertidumbre
jurídica.
3.
El crimen organizado interfiere activamente en el proceso electoral de 2022.
Esto aumenta los riesgos de incertidumbre jurídica e inseguridad pública y, a
mediano plazo, es una de las amenazas más grandes para la gobernabilidad y el
sistema democrático de México.
4.
Aumenta el riesgo de concentración de poder por el triunfo de Morena en la
mayoría de las gubernaturas en disputa en 2022. Posiblemente,
Morena se lleve cinco de seis gubernaturas, consolidando el
dominio territorial de la coalición oficialista.
5.
Se extiende la discusión de la reforma eléctrica, lo que genera un clima de
desconfianza empresarial y desincentiva la inversión privada en el sector. Esto
aumenta los riesgos de deterioro económico e incertidumbre jurídica.
6.
Se mantienen tasas altas de homicidio, extorsión y robo, y se siguen
fortaleciendo grupos del crimen organizado, dado un entorno delictivo complejo
y la falta de una estrategia de seguridad federal integral. Esto aumenta el
riesgo de inseguridad pública.
7.
Sigue aumentando el número de facultades, responsabilidades y presupuesto
(ajenos a la seguridad nacional) asignados a las Fuerzas Armadas. Esto
desequilibra las relaciones cívico-militares, aumenta las probabilidades de
corrupción al interior de las Fuerzas Armadas e incrementa el riesgo de
ineficacia gubernamental.
8.
Prevalecen finanzas públicas frágiles, por: a) ingresos menores a los
estimados, b) mayores costos de obras de infraestructura insignia, y
c) Media ampliación de programas
sociales prioritarios, por lo que se incrementan los riesgos de deterioro económico
e ineficacia gubernamental.
9.
La inexperiencia de la nueva titular del Banco de México pone en duda la
capacidad de respuesta de la institución ante un panorama inflacionario y Media
externo complejo, por lo que se
incrementa el riesgo de deterioro económico.
10. Se
incrementa probabilidad de cooptación de integrantes de la SCJN y aumentan la
presión y los ataques reputacionales sobre el Poder Judicial de la Federación,
sobre todo en torno a asuntos clave para el proyecto de gobierno del presidente
López Obrador, incluyendo temas de militarización de la seguridad, políticas de
“austeridad”, desaparición de fideicomisos, magisterio educativo, electricidad,
hidrocarburos y otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder e
incertidumbre jurídica.
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