LOS DÉSPOTAS ILETRADOS

En los últimos meses, con el desmantelamiento de todos los contrapesos institucionales, del golpe al Poder Judicial y la desaparición de los mecanismos autónomos de rendición de cuentas, aunado a la irrelevancia de cualquier oposición partidista, la pinza autoritaria del régimen se cierra cada vez más sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Manipulando la ley y hasta legislando normas violatorias de derechos humanos, el morenato busca imponer una mordaza no solo a las publicaciones periodísticas críticas, sino a cualquier expresión ciudadana que alce la voz contra los abusos sistemáticos de los que es víctima en diversas áreas, coaccionándoles con la amenaza de sanciones fuera de toda proporción, al más fiel estilo de los sicarios, como diciendo “para que aprendan a respetar”.

Hace unas semanas, la Sala Especializada y luego la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionaron a los periodistas veracruzanos Ángel Camarillo e Isabel Ortega, así como a la legendaria radiodifusora comunitaria Radio Teocelo y a su director Elfego Riveros, por una supuesta “violencia política de género” en contra de una excandidata de Morena dos veces perdedora a una alcaldía.

En el caso de los dos primeros reporteros, en sus notas únicamente mencionaron el parentesco de la candidata con el que era el alcalde del municipio que pretendía gobernar, su padre, irónicamente un exeditor de un periodicucho en el que durante muchos años se dedicó a ridiculizar políticos en nombre de la “libertad de expresión”, lo que le redituó para hacer grandes negocios y hasta una carrera política.

Con Radio Teocelo es aún más grotesca la evidente censura: fueron castigados por un contenido satírico en el que no se menciona por su nombre a nadie. ¿Cómo supieron los magistrados a quién se referían? Seguramente tienen poderes mentales para ver más allá de lo evidente. O más bien, se prestaron para aplicar un “escarmiento” a medios y periodistas incómodos.

Incluso, la reconocida académica y estudiosa de la historia y los problemas del periodismo en México, Celia del Palacio Montiel, fundadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana y quien actualmente funge como coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, fue víctima de censura por simplemente mencionar este mismo caso en UDGTV Canal 44, emisora a la cual el Tribunal Electoral de Veracruz le ordenó eliminar la publicación del pasado 26 de mayo, en un claro abuso.

Se está volviendo una constante el acoso judicial a periodistas y ciudadanos usando tipos penales como la supuesta violencia política de género. O el “ciberasedio”, que acaba de ser incluido en el Código Penal del estado de Puebla, el cual le imputarán quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”, con una pena de hasta tres años de cárcel, y que fue impulsado por el nuevo “gober precioso”, el marinista expriista Alejandro Armenta Mier, con dedicatoria especial para una cuenta en la red social X que lo trae “asoleado” a él y a los funcionarios de su gobierno. La Puebla donde también intentaron callar a la periodista Ruby Soriano usando el espantajo de la violencia política de género.

La cereza del pastel la pusieron en Campeche, donde pervive uno de los gobiernos más retrógradas y vulgares de México, el que encabeza Layda Sansores, quien le echó el aparato judicial local –completamente bajo su control- al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, a quien una jueza de control le imputó los supuestos y disparatados delitos de “incitación al odio y a la violencia” contra la gobernadora, ordenó vincularlo a proceso, el cierre total de su plataforma digital, el pago de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social estatal, Walther Patrón Bacab, y hasta llegó al exceso de prohibirle ejercer el periodismo. Una bestialidad, digna de los tiempos que se viven en el país.

Todo esto obedece a un mismo patrón: silenciar las críticas, intimidar las voces discordantes y aplastar la libertad de expresión para que solo se escuche, se lea, se vea, la versión oficial de la realidad. Ésa misma que califica como éxito la abstención de 87 millones de ciudadanos. La que jura que no es ilegal inducir el voto con “acordeones”. La que sostiene que quienes denuncian la violencia “se hacen las víctimas” y quienes exhiben la corrupción hacen “guerra sucia”. La que dice que México vive “tiempos estelares”.

Esa misma que amordaza y persigue a quien exhibe los excesos de éstos que se sienten emperadores, y no son más que unos déspotas iletrados.

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