Manga ancha a la injerencia electoral presidencial
Manga ancha a la injerencia electoral presidencial
Por Aurelio Contreras Moreno
En su sesión de este lunes 14 de diciembre,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó de
cavar la tumba de su credibilidad como órgano garante de legalidad.
De manera abyecta, con argumentos absurdos y
en una clara violación a los principios de equidad y neutralidad, por mayoría
de votos de los magistrados de la Sala Superior de este organismo
jurisdiccional fue revocado el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral (INE), que establecía medidas cautelares por las
que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de “emitir
expresiones y/o declaraciones de índole electoral, así como utilizar los
espacios de comunicación oficial y/o aprovechar las funciones inherentes a su
cargo para esos mismos efectos”.
Esto luego de que partidos opositores
presentaran una queja por las constantes declaraciones de López Obrador en sus
conferencias mañaneras y durante una reciente gira por Baja California en las
que denuesta abiertamente la alianza electoral que esos institutos políticos
pretenden llevar a cabo en el proceso por el que se renovará la Cámara de
Diputados.
La injerencia presidencial, como se anotó en
la Rúbrica del pasado 7 de diciembre, titulada “¿Cállate, chachalaca?”, implica
el desvío de recursos públicos a través de la transmisión en vivo de sus
mensajes, usando personal e instrumentos gubernamentales, así como un abuso de
una investidura que el presidente solo resguarda de los ciudadanos que le
reclaman, pero que arrastra por el piso con aquellos que le adulan y son
genuflexos ante él.
Pues para el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación no hay ningún problema con que el presidente de
México busque inclinar la balanza electoral usando y abusando del poder, ya que
“se trata de actos futuros de realización incierta”, al referirse a lo que
seguramente seguirá haciendo López Obrador ahora que le han dado vía abierta para
entrometerse de manera abierta en los temas de las campañas.
En su resolutivo, el TEPJF considera que una
determinación de tutela preventiva sobre “actos futuros” constituye “un acto de
censura previa que viola el principio de legalidad previsto en la Constitución”.
Y se limitó a “constreñir al
titular del Poder Ejecutivo Federal y su gabinete, así como a los titulares de
los Poderes Estatales y Municipales, a respetar y hacer valer el principio de
neutralidad y las normas previstas en el artículo 134 para la no intervención
de servidores públicos en el proceso electoral”. A portarse bien, pues.
Además de darle
manga ancha a López Obrador para utilizar todo el poder del Estado y avasallar
a sus oponentes políticos –de la misma manera que se lo hicieron a él en los
comicios presidenciales de 2006, cuyo desenlace aún no logra superar
emocionalmente-, con sus resolutivos de este día el Tribunal Electoral se
“abrió de capa” y exhibió que otro de sus objetivos es debilitar y derruir al
Instituto Nacional Electoral echando abajo cuanto acuerdo tome, toda vez que es
de los últimos reductos institucionales en México que no ha sido “colonizado”
por la “4t” y que aún intenta mantener su independencia y autonomía respecto de
un régimen que se radicaliza aceleradamente y no duda en imponerse mediante la cooptación
o la coacción.
Si no, que le pregunten al “magistrado billetes”
que encabeza la carpa de bufones en la que está convertido el Tribunal.
