Más de tres meses en la cárcel y un “usted disculpe”
Más de tres meses en la cárcel y un “usted disculpe”
Por Aurelio
Contreras Moreno
La mañana de este
15 de septiembre fue liberada Diana Patricia, que fue encarcelada a fines de
mayo pasado en una prisión del sur de Veracruz por la Fiscalía General del
Estado, que la acusó de homicidio doloso en razón de parentesco luego de sufrir
un aborto espontáneo en el baño de una tienda departamental.
Desde el principio,
el caso estuvo plagado de inconsistencias, irregularidades y sobre todo, de
prejuicios. Diana Patricia, una mujer de escasos recursos que sufría violencia
intrafamiliar y a quien su ex pareja, además de maltratarla físicamente le
arrebató al más pequeño de sus tres hijos, fue tratada como culpable de un
delito que a todas luces no había cometido, estigmatizada y criminalizada por
la propia autoridad, en uno de los casos más grotescos de injusticia, abuso de
autoridad y violación de derechos humanos que ha protagonizado la Fiscalía
General del Estado de Veracruz a cargo de Verónica Hernández Giadáns.
Hay que recordar
que cuando el caso comenzó a adquirir notoriedad mediática y con la investigación
todavía en curso, la propia Fiscalía boletinó la versión de que Diana Patricia
había “asesinado” a su hijo –que varios testimonios señalan era deseado- tras
el aborto espontáneo, violentando además el debido proceso y su presunción de
inocencia, y a pesar de lo cual todavía estuvo en prisión dos meses y medio
más.
Hasta el Instituto
Veracruzano de las Mujeres, a través de su Consejo Social, se unió al
linchamiento de Diana Patricia bajo consideraciones pseudomorales y
cuasirreligiosas impropias de cualquier organismo público, alentando juicios a
priori sobre los hechos con afirmaciones tales como que “no es posible tolerar el abandono y el homicidio
de seres humanos. Nos estamos convirtiendo en una sociedad deshumanizada”,
pasando por alto de manera cínica que dos días antes del aborto espontáneo ella
había recibido una golpiza de su ex cónyuge.
La evidencia de la
injusticia cometida contra Diana Patricia metió en un brete al gobierno de
Veracruz, exhibida la incongruencia entre su discurso sobre “cero tolerancia” hacia
la violencia contra las mujeres y las acciones que las mismas instituciones
gubernamentales llevaban –y llevan- a cabo, criminalizándolas y persiguiéndolas.
En el inter de la
liberación de Diana Patricia, en el Congreso del Estado de Veracruz se
despenalizó la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de
gestación e incluso se incorporó la salud como causal; mientras que hace pocos
días la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es
inconstitucional la penalización del aborto. Pero Diana Patricia no salió de
prisión gracias a ninguno de estos dos hechos jurídicos.
El juez que ordenó
liberar a Diana Patricia la consideró inimputable, esto es, eximida de ser
sometida a un proceso penal, por una razón fundamental: padece una discapacidad
mental. Ello fue confirmado por la propia fiscal Hernández Giadáns al dar a
conocer el sobreseimiento del caso: “a Diana Patricia se le demostró su inimputabilidad,
por eso el juicio fue sobreseído y quedó en libertad”, admitió.
Solo que esa
condición de Diana Patricia todo el tiempo fue del conocimiento de la Fiscalía
General del Estado, que a pesar de saberlo la mantuvo encerrada y ahora,
pretende cerrar el caso con el simple y consabido “usted disculpe”.
¿Quién le va a
devolver a Diana Patricia, revictimizada y recriminalizada “n” cantidad de
veces, esos cuatro meses de su vida perdidos? ¿Qué autoridad va a asumir la
responsabilidad de la reparación del daño? ¿Quién va a pagar las consecuencias
de la violación sistemática de sus derechos humanos? ¿Quién la va a proteger de
las condenas y prejuicios en un municipio marginado y atrasado?
La violación de los
derechos de las mujeres sigue siendo la constante, y no la excepción, en
Veracruz.
Enlodando la investidura
De escándalo, que
en el acto más importante del calendario cívico de la nación mexicana se le
haya abierto espacio y micrófono a un dictador violento, represor de su pueblo
y de las mínimas garantías de libre expresión en su país.
Convertir la
celebración patria de todos los mexicanos en un acto de vulgar propaganda le
costará caro al régimen. Y la historia no los absolverá. Ni a Díaz-Canel ni a
López Obrador.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras