Medio millón de muertos

Sin que medie en ello signo de admiración alguna, hay que reconocer la enorme capacidad que tiene el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” para envolver y manipular la narrativa de la opinión pública a través de su intensivo bombardeo de propaganda, dirigida a crear distractores que alejen la mirada de sus peores falencias.

Mientras los medios, los analistas y los académicos son desbordados por el alud de propaganda y desinformación con que diariamente se inunda la agenda pública desde palacio nacional, se pierden de vista asuntos de tanta o mayor importancia que, a fuerza de naturalizarse y normalizarse por su constante repetición, han dejado de causar el impacto que en realidad merecen.

Uno de esos temas es la mortandad de personas a causa de una pandemia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere terminar por decreto. Luego de alcanzarse la cifra de los 200 mil fallecimientos oficiales en marzo pasado, la ciudadanía dejó de escandalizarse por lo que a todas luces presume una responsabilidad criminal por parte de quienes impusieron –como hasta la fecha hacen- una estrategia cuyos criterios nunca han sido de salubridad, sino miserablemente políticos y electoreros.

Lo anterior ha quedado de manifiesto nuevamente con el despropósito de vacunar primero al magisterio en lugar de concluir con los médicos y, peor aún, negando este derecho a la salud privada, tan expuesta al virus como el personal que labora en el sector público y que ha sido delictivamente discriminada a partir de perjuicios demenciales.

Sin embargo, lejos de decrecer, la emergencia sigue activa y está a la alza, como tuvo que reconocer uno de los “candidatos” a ser acusado de crímenes de lesa humanidad por su irresponsable rol en la gestión de la pandemia en México, el subsecretario de Promoción de la Salud y vocero gubernamental Hugo López Gatell, quien esta misma semana dio a conocer que el nivel de contagios comenzó a aumentar en diez entidades de la República tras las vacaciones de Semana Santa.

Y esto resulta lógico, pues el Gobierno Federal puso en semáforo verde a casi todos los estados del país exactamente el día del inicio del periodo de asueto, invitando con ello a la población a salir y contagiarse inevitablemente. Todo, con tal de generar movimiento en la economía. Claro, a costa de la vida de los mexicanos. Tal cual sucedió cuando también por decreto se estableció la “nueva normalidad” desde el verano del año pasado. Las consecuencias en pérdida de vidas humanas han sido devastadoras.

Y como todo lo que sucede últimamente en México, esto desgraciadamente está lejos de ser una exageración. Este martes, la Secretaría de Salud reconoció un exceso de mortalidad a causa de las infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2 de 248 mil personas fallecidas adicionales a las 196 mil que hasta el corte del pasado 6 de marzo había reconocido oficialmente. Lo cual colocó el total en 444 mil habitantes de este país muertos por la covid-19.

Pero si esas 248 mil muertes adicionales se suman a las poco más de 213 mil reportadas oficialmente hasta este 20 de abril, el número de fallecimientos en realidad ascendería a 461 mil. Y aplicando el factor de subregistro, que contempla que por cada muerte confirmada por covid-19 dejan de registrarse 2.3 fallecimientos, el volumen total sería de 497 mil 734 mexicanas y mexicanos muertos por la pandemia.

Medio millón de personas asesinadas por la estulticia, la indolencia y la ineptitud de un gobierno criminal. Un desastre que, increíblemente, ha dejado de conmovernos.

Vacunación a ciegas

En el primer día de vacunación “voluntariamente” a fuerza del magisterio en Veracruz, en cada una de las sedes se entregaron formatos de “Hoja de consentimiento bajo información” que los aspirantes a recibir el fármaco debían llenar previamente, mientras hacían largas filas, y en los cuales debieron admitir “haber recibido información sobre la vacuna CanSino Biologics” y que se les había “informado sobre las contraindicaciones y las posibles reacciones postvacunales”.

Eso es falso. Los docentes se tuvieron que vacunar sin conocer esa información con anterioridad a la aplicación del biológico, eximiendo con ello de cualquier responsabilidad al gobierno.

Típico de la “4t”.