México apuesta por el combustóleo y el carbón
22 de abril de 2021, Día de la Tierra
México apuesta por el combustóleo y el carbón
● En
México el gobierno federal prioriza la generación de electricidad con
combustóleo y carbón, que tienen graves impactos a la salud, el territorio y el
medio ambiente.
● En
los últimos años, diversos países del mundo han anunciado metas ambiciosas para
alcanzar emisiones netas cero. En contraste, México disminuyó la ambición de su
Contribución Nacionalmente Determinada.
● Una
transición energética socialmente justa y sustentable es clave para acercarnos
a cumplir nuestras metas climáticas y generar beneficios a la población.
El 22 de abril de 2021, cuando se
celebra el Día de la Tierra, se llevará a cabo la Cumbre Virtual de Líderes
sobre el Clima convocada por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se
espera la participación de 40 líderes mundiales de países que en conjunto
emiten cerca del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero
(GEI), y dentro de los cuales México ocupa el lugar 12 como país que mayores
gases emite1. El objetivo de esta cumbre de alto nivel es lograr establecer
metas climáticas conjuntas más ambiciosas, alineadas con un incremento de
temperatura por debajo de 2°C y con miras a limitarlo a 1.5°C para reducir el riesgo
de los impactos asociados al calentamiento global y mitigar la catástrofe
climática global.
Se espera que los líderes anuncien
mayores esfuerzos en mitigación y adaptación con acciones concretas como la
descarbonización del sector energético y de la generación de electricidad. La
sustitución del carbón y de combustibles fósiles altamente contaminantes, como
el combustóleo y el gas natural, es un compromiso que muchos países han
adoptado para acelerar la transición energética y el cumplimiento de sus metas
climáticas plasmadas en el Acuerdo de París.
Mientras tanto, contrario al objetivo
de la cumbre, del Acuerdo de París y del marco legal mexicano en materia de cambio climático y energía, la actual política
energética del gobierno federal mexicano agudiza las causas de la crisis
climática y con ello vulnera diversos derechos humanos como la salud, al
ambiente sano, la vida, entre otros, pues apuesta por la intensificación del
uso de combustibles fósiles. Tan solo de 2001 a 2013, los afectados por los
fenómenos climatológicos ascendieron a 2.5 millones de personas y los costos
económicos sumaron más de 338 mil millones de pesos2.
La administración actual ha pedido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
incrementar el uso de combustóleo y el consumo del carbón, a pesar de los
gravísimos impactos sociales, económicos y ambientales asociados a dichos
combustibles.
Las personas que habitan en las
poblaciones locales son quienes sufren directamente las consecuencias de una
política energética basada en estos combustibles. El combustóleo libera a la
atmósfera grandes cantidades de dióxido de azufre, que causa irritación en las
vías respiratorias e inflamación en los pulmones, y de carbono negro, un
contaminante climático de vida corta (CCVC), que debido a su tamaño (cuarenta
veces más pequeño que un grano de sal) 3,
puede penetrar profundamente en los pulmones de
las personas, causando una disminución de la función pulmonar y el desarrollo
de enfermedades como el asma, especialmente en los niños y niñas 4. De igual
manera, la combustión del carbón genera contaminantes tales como mercurio,
plomo y dióxido de azufre. Además, el combustóleo y el carbón son causantes de
muertes prematuras derivadas de la contaminación del agua y aire. De manera
indirecta, toda la población sufrimos de los impactos negativos exponenciales
del cambio climático en nuestros territorios.
Las organizaciones firmantes buscamos
que México tenga una política energética congruente con las
necesidades ambientales y sociales, que promueva una transición energética
justa y con enfoque de derechos humanos y tendiente a evitar un aumento
superior a los 1.5°C, lo que permitirá mitigar los impactos negativos del
cambio climático.
Cabe mencionar que el mismo 22 de
abril, gracias al arduo trabajo y esfuerzo colectivo de organizaciones de la
sociedad civil y la población, entrará en vigor el Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que
garantiza el derecho humano a un medio ambiente sano a través del acceso de la
población a la participación, y a la justicia ambiental. De igual manera, desde
2017, el Estado mexicano forma parte de la Alianza para la Transición más allá
del Carbón que plantea eliminar el carbón en la generación de electricidad
antes de 2040, sin embargo, no ha dado pasos significativos ni concretos para
cumplir con este compromiso, sino por el contrario las medidas y políticas
adoptadas muestran incluso un retroceso en el tema.
México tiene un rol fundamental dentro
de la Cumbre, no sólo por los acuerdos adquiridos en el marco del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino también por
la extensa red de tratados de libre comercio de México en materia
laboral, derechos humanos y energía, que ha suscrito con otros países. La
agenda bilateral se basa en la cooperación, la solidaridad internacional, la
confianza y la atención a retos que trascienden los límites
político-administrativos. Por ello, es importante que compartamos ambiciones
climáticas y estrategias de mitigación y adaptación. Ambos países enfrentan
problemas comunes tales como el incremento del flujo de migrantes climáticos,
agudización de la sequía, mayor frecuencia y profundización de impactos por
fenómenos hidrometeorológicos extremos, entre otros.
Hacemos un enérgico llamado para que, durante la
cumbre, México cumpla con sus obligaciones constitucionales de respetar los derechos humanos a la salud, a la
participación y a un medio ambiente sano, tal como lo mandata la Constitución y
observe con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. La
transición energética en nuestro país debe ser justa y con enfoque de derechos
humanos y por tanto, debe atender y mitigar los impactos locales negativos de
la generación de energía eléctrica;
garantizar un reparto justo de beneficios que reduzca las desigualdades; generar
alternativas con tecnologías sustentables; y propiciar el diálogo y la
participación de la población en la toma de decisiones en materia energética y
ambiental.
Es urgente que México defina una ruta
clara y a corto plazo de sustitución del carbón y combustóleo con especial
atención en el respeto a los derechos humanos de generaciones presentes y
futuras y la generación de alternativas económicas verdes para las regiones
impactadas. De igual manera, es fundamental que la CFE suspenda de manera
inmediata el uso de estos combustibles en la generación de energía.
