Ciudad de México, 5 septiembre 2026.- La muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, localizada el pasado 4 de septiembre en el municipio veracruzano de Puente Nacional, mantiene encendidas las alertas políticas y periodísticas ante el rechazo generalizado a la versión oficial. Mientras los reportes preliminares difundidos por autoridades apuntan rápidamente a una posible agresión autoinfligida al interior de un automóvil, diversos sectores exigen indagar a fondo, advirtiendo que la narrativa gubernamental busca cerrar prematuramente un caso complejo marcado por el contexto de violencia en la entidad.
La filtración de indicios físicos por parte de funcionarios estatales, como el secretario de Gobierno Ricardo Ahued, ha sido interpretada por analistas como una estrategia para contener costos políticos y evitar líneas de investigación incómodas relacionadas con el ejercicio de poder del legislador. Ante este panorama de desconfianza hacia las instituciones locales, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la indagatoria para garantizar un peritaje independiente que esclarezca los hechos y disipe cualquier viso de opacidad.
El trasfondo del político fallecido abona al escepticismo generalizado. Meses antes de su deceso, Escobar García protagonizó intensos roces públicos en la Cámara baja con legisladores opositores, además de arrastrar cuestionamientos arrastrados desde su paso por el gabinete estatal y episodios controversiales en la Riviera Veracruzana. Este historial de confrontaciones complica la aceptación de una hipótesis simplista sobre su muerte.
Asimismo, este suceso representa el segundo golpe luctuoso para la representación federal de Veracruz en la actual legislatura, recordando antecedentes trágicos como el de Benito Aguas Atlahua. Especialistas en procuración de justicia recalcan que pretender catalogar el caso como un evento aislado o voluntario resulta inadmisible, por lo que demanda una investigación forense rigurosa que esté a la altura de la gravedad institucional del momento.
