Morena va contra Marcelo Montiel y Víctor Rodríguez

José Ortiz Medina

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, presentó una “proposición con punto de acuerdo relativa al desvío de recursos de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz”.
Dicho documento, firmado por la diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos, Rocío Nahle García, quien también preside la fracción de Morena en la Cámara Baja, plantea lanzar un exhorto al secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, José Antonio Meade Kuribreña; a la Auditoría Superior de la Federación; a la Comisión Bancaria y de Valores; a la Procuraduría General de la República; a la Secretaría de la Función Pública; y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para que informen sobre los resultados de las investigaciones en torno a las denuncias por un presunto desvío de recursos y uso indebido de programas sociales para favorecer al Partido Revolucionario Institucional.
El punto de acuerdo planteado por Morena señala, en particular, a tres exfuncionarios de la Sedesol: el ex delegado de la dependencia en Veracruz, Marcelo Montiel Montiel; el ex subdelegado Administrativo, Víctor Rodríguez Gallegos; y el ex jefe de Seguimiento Operativo de le delegación, Wiliado Córdoba Mortera.
De igual manera, la legisladora de Morena retoma las acusaciones que en abril de 2015 realizó el senador Alejandro Encinas, quien se refirió a un monto que podría superar los 500 millones de pesos, como producto de presuntas irregularidades que van desde el robo de apoyos a jornaleros agrícolas, de tarjetas bancarias, cheques y de apoyos a gestores voluntarios, hasta el reporte de obras fantasma dentro de dos programas federales, el de 3×1 Migrantes y el de Empleo Temporal.
Se trata de señalamientos que datan de los ejercicios 2013 y 2014; todavía falta lo que pueda resultar de 2015 y 2016, años en que también se realizaron acusaciones por el uso de programas sociales.
Como dato para ilustrar el comentario: Veracruz tiene un padrón de beneficiarios de programas sociales que incluye más de 25 mil del programa Apoyo de Comedores Comunitarios; 45 mil, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; 307 mil, de Liconsa; 5 mil, de Empleo Temporal; 25 mil, de Seguro de Vida para Jefas de Familia; 57 mil, del Programa de Apoyo Alimentario; dos millones 705 mil, de Prospera; 483 mil, de Pensión para Adultos Mayores; y 2 mil 800, de Atención a Jornaleros Agrícolas, entre otros.

EL TEMA DE LAS presuntas ventas de plazas en el Instituto se Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Issste, no es nuevo; las quejas se remontan a varios años, pero hasta ahora no han existido denuncias concretas. Hace un año, en abril de 2015, un asunto relacionado con la presunta venta de espacios laborales estalló en el Issste de Veracruz, donde un médico internista, Alejandro Cuervo Vera, habría declarado a los medios informativos que en la dependencia mencionada prevalecían algunos vicios, como la venta de plazas y la solicitud, por parte de directivos, de una parte del salario a los profesionales de la salud de nuevo ingreso en esa nómina. Dicha denuncia provocó que el delegado de la dependencia, Renato Alarcón Guevara, ordenara una investigación minuciosa, a fin de aclarar la queja del citado galeno. El hecho, por cierto, provocó que el subdelegado médico de la delegación estatal del Issste en Veracruz, Adrián Bueno Bello, saliera ante los medios para aclarar que el doctor Alejandro Cuervo Vera (plaza de confianza número 223970, con adscripción al Hospital Regional de Veracruz) fue transferido de Veracruz, a donde llegó en octubre de 2014, al hospital de Xalapa, con un turno de 6 horas; sin embargo, posteriormente, en febrero de 2015, la plaza fue asignada al doctor Antonio Luna Sánchez. En su oportunidad, el subdelegado médico del Issste aclaró que la plaza que buscaba Cuervo Vera sólo se podía asignar con el criterio de escalafón, conforme a los reglamentos de la dependencia, sin cuotas ni negociaciones, a través de una subcomisión en que participan sindicato y autoridad. Asimismo, el funcionario del Instituto aclaró que no hubo intento de cobro de cuotas ni solicitud de prebendas o porcentaje alguno que condicionara la asignación del espacio laboral; lo que ocurrió es que el quejoso no se encontraba en la Bolsa de Trabajo de la dependencia, y ese requisito indispensable para alguien que aspira a una plaza. Pues bien, en el seguimiento a dicha denuncia del doctor Alejandro Cuervo, uno de los involucrados, el subdelegado de Administración del Issste y ahora aspirante a Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, IVAI, Arturo Gutiérrez Góngora, presentó una demanda, desde junio de 2015, contra el citado médico, acusándolo de daño moral. Gutiérrez Góngora exigió, hace exactamente un año, que Cuervo Vera presentara las pruebas sobre sus dichos. Finalmente, el médico que denunció la venta de plazas en abril de 2015 habría terminado por retractarse, al afirmar que no dijo lo que dijo; desconoció lo declarado a conocido periódico de la capital y se asumió en estado de indefensión. Este caso, que ya está muy avanzado, parece que terminará por resolverse de manera favorable al funcionario federal. El asunto, nos dicen, suena más a venganza personal de un exrector que a un tema serio de acusación de venta de plazas.

ERA DE ESPERARSE que finalmente el abogado Jorge Reyes Peralta declinara la posibilidad de buscar el nombramiento como Fiscal Anticorrupción, tal como lo anunció la tarde de este miércoles. Su relación con el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras -quien hubiera sido su jefe- no es nada buena, pues sostienen roces públicos desde hace varios años, cuando éste era abogado de la familia Abella en Córdoba, con la que Reyes Peralta mantiene varios litigios y desencuentros. Así que la carta con la que ahora juega el gobierno es la de Francisco Portilla Bonilla, quien este lunes presentó su renuncia como secretario general del Congreso del Estado para inscribirse como aspirante a la Fiscalía Anticorrupción. A ver si con él no hay objeciones.

AUNQUE EN UN principio se pensó que Américo Zúñiga podría relevar en estos días al ya desgastado y anquilosado Amadeo Flores Espinosa, lo cierto es que al parecer hay cambio de planes. Américo iba como propuesta del grupo político del senador Pepe Yunes, pero los escenarios cambiaron cuando el pasado lunes Héctor Yunes Landa abiertamente anunció que va por la revancha en 2018. Y además, el senador con licencia propuso (craso error) que Amadeo Flores Espinosa continúe en la dirigencia estatal y organice las campañas municipales del año entrante. Pero ahora, Pepe Yunes le hace una contra-propuesta a Héctor: que en unos meses sea designado en el partido un dirigente que no esté identificado con ningún aspirante a la gubernatura y así no contaminar el proceso interno rumbo a 2018. Suena lógico eso, porque de continuar Amadeo en el edificio Ruíz Cortines, ello cargará los dados a favor de Yunes Landa. Estos y otros temas habrán de analizar Héctor y Pepe en un café que se van a tomar este jueves en el Puerto de Veracruz. Ojalá se pongan de acuerdo por el bien de los priistas veracruzanos, quienes ven con terror la posibilidad de que la alianza PAN-PRD y Morena les propinen otra severa derrota no sólo en 2017, sino también en 2018.

EL SENADOR con licencia Héctor Yunes Landa y su homólogo José Yunes Zorrilla, acudirán este jueves 23 de junio a las 12 horas a tomar un café en La Parroquia de 16 de Septiembre en el Puerto de Veracruz.