Narcoterror
El atentado con un
artefacto explosivo que este domingo mató a dos personas en un restaurante del municipio
de Salamanca, en el estado de Guanajuato, significa un paso hacia delante de
los grupos criminales en sus estrategias de violencia, pues el objetivo, más
allá del asesinato de seres humanos, es el de producir terror entre la
población.
Mientras las
autoridades de todos los niveles en todas las entidades federativas están
enfrascadas en sus particulares conflictos y disputas políticas, y su interés
parece centrarse exclusivamente en hacerse de más posiciones de poder, los
grupos delincuenciales silenciosamente se apoderan de cada vez mayores franjas
territoriales y hacen en éstas lo que les place. Incluyendo asesinar a mansalva
y con total impunidad.
La “estrategia” del
gobierno federal, simplificada hasta el hartazgo en la presidencial frase
“abrazos, no balazos”, en los hechos lo que ha provocado es que las bandas de
la delincuencia organizada hagan y deshagan a sus anchas en sus zonas de
influencia. Además, en abierto contubernio con diferentes fuerzas de seguridad
con las que, como ha sido evidenciado en varios videos que circulan en medios y
redes y que se reconocen como legítimos, existen acuerdos claros para que “no
se metan” en ciertos lugares.
Ni qué decir de la
injerencia directa que los grupos criminales ni se molestaron en disimular
durante las pasadas elecciones en varias entidades de la República, ya fuera
promoviendo o eliminando candidaturas, sobre lo cual también existen varias
denuncias que, como ya no es de extrañar, han sido ignoradas.
Sin embargo,
utilizar el terror al perpetrar atentados con explosivos como el de Salamanca coloca
la situación de violencia e inseguridad en otro nivel, pues ya no solo se
trataría de venganzas o luchas por el control de un territorio, sino de una
escalada en la que la población civil es la que queda totalmente expuesta a las
consecuencias directas de esos actos criminales, que lo que en realidad buscan
es amedrentar a la sociedad, atemorizarla.
Son actos de
propaganda violenta que, de acuerdo con el coordinador del Centro de Estudios
sobre la Impunidad y la Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, Gerardo
Rodríguez Sánchez de Lara, pueden calificarse como “narcoterror”, por el “uso
de medios extremos de violencia para alcanzar fines criminales”. Lo cual
diferencia del “narcoterrorismo”, que utiliza los mismos medios, pero para
alcanzar fines políticos además de los delictivos.
Más allá de que sea
cualquiera de las dos clasificaciones la que pueda aplicarse a hechos como los
del domingo en Salamanca, es evidente que la abulia del régimen de la
autoproclamada “cuarta transformación” hacia el combate de las bandas del
crimen organizado está propiciando su fortalecimiento, al grado que hasta se
envalentonen para lanzar amenazas públicas en contra de periodistas que
reportan sus atrocidades o, como en este caso, se atrevan a utilizar explosivos
en contra de civiles, hiriéndolos y asesinándoles, ante la perplejidad de una
sociedad que no atina a entender cómo se ha llegado hasta este punto.
Lo más grave es que
en medio de todo ello se militariza la vida del país, incluidas todas las
tareas de seguridad, sin que ello parezca inhibir en lo más mínimo la violencia
criminal que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está
registrando máximos históricos, que le encaminan a convertirse en el sexenio
más sangriento de la historia moderna del país.
Más de cien mil
homicidios dolosos en poco menos de tres años así lo prueban.
Un “tiburón” destazado
La detención del
empresario orizabeño Fidel Kuri Grajales por fraude es el colofón de una
historia de desatinos, malos manejos del erario para fines que no le corresponden,
politiquería y tratos oscuros en los que están involucrados varios actores
políticos. Tanto del pasado como del presente. Con implicaciones partidistas
multicromáticas.
Porque en las “transas”
con los Tiburones Rojos del Veracruz no solamente “metió mano” Kuri.
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