No se acabó la corrupción
No se acabó la corrupción
Por Aurelio Contreras Moreno
Las malas prácticas, la discrecionalidad y la
opacidad con la que se manejan los gobiernos de la autoproclamada “cuarta
transformación” quedaron exhibidas en todo su esplendor en el Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019, presentado
el pasado fin de semana por la Auditoría Superior de la Federación.
En apenas el primer año de gestión del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, el ente fiscalizador encontró irregularidades
multimillonarias en el uso de los recursos presupuestales. Al estilo de las más
corruptas administraciones del pasado.
Las anomalías en el gasto del gobierno federal detectadas
por el órgano fiscalizador ascienden a 67 mil 498 millones de pesos, un monto casi
nueve veces mayor que el identificado en uno de los casos emblemáticos de la
corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: la llamada “Estafa Maestra”,
cuyos desvíos –también reportados en su momento por la Auditoría Superior de la
Federación- fueron por siete mil 670 millones de pesos.
Pero el informe de la ASF es un compendio de
todo lo que puede hacerse mal en la administración pública. Tanto el gobierno
federal como los de las entidades federativas dejaron sin aclaración el uso de
98 mil 974 millones de pesos, que podrían constituir daño al patrimonio de los
mexicanos si no se comprueba satisfactoriamente su disposición.
Uno de los rubros que destaca es el de los
programas sociales del gobierno de la “4t”, en donde los auditores detectaron
anomalías por seis mil 907 millones de pesos, entre las cuales se encuentran
gastos sin comprobar por 126.5 millones en “Jóvenes construyendo futuro”.
Asimismo, la Secretaría del Bienestar no
comprobó el pago de pensiones a entre 71.3 y 81.3 por ciento de los
beneficiarios entre personas con alguna discapacidad; tampoco comprobó el pago
de salarios a “servidores de la nación” por un monto de 15.9 millones de pesos,
mientras que realizó transferencias a 789 cuentas bancarias relacionadas con
dos o más personas por 85.2 millones de pesos. Entre otras.
En cuanto a las obras “faraónicas” del sexenio,
la ASF reportó el ejercicio irregular de 236.3 millones de pesos en la
construcción del aeropuerto de Santa Lucía; de 135.3 millones en el Tren Maya y
de 75.5 millones en la refinería de Dos Bocas, la cual, por si no bastase,
comenzó a construirse sin contar con estudios sobre su viabilidad.
Especial atención merece el apartado en el que
la Auditoría Superior de la Federación establece que la cancelación de la
construcción del aeropuerto de Texcoco costó un 232 por ciento más de lo que
dijo el gobierno de López Obrador: de los cien mil millones que estimaba la
administración federal, el monto aumentó a 331 mil 996 millones 517 mil 600
pesos debido a todas las implicaciones legales y administrativas del capricho
más caro de la historia de México, el cual debería llevar a fincar
responsabilidades penales por lo que, no hay duda, representa un gigantesco desfalco
al erario.
El “rosario” de inconsistencias y malos manejos
parece inacabable y deja muy mal parado a un régimen que finca su discurso en
el combate a la corrupción, pero que en los hechos la alimenta como cualquier
otro de la satanizada “etapa neoliberal”. Si no es que más aún.
Y precisamente porque desnuda la incapacidad,
la falta de transparencia, la chapucería y el despilfarro y deshonestidad en el
uso de los recursos por parte del gobierno de la dizque “cuarta
transformación”, es que el presidente López Obrador montó en cólera y acusó a
la ASF de “prestarse” a las “campañas” de sus “adversarios” y le “sugirió” al
autónomo ente fiscalizador del Poder Legislativo realizar las “precisiones”
necesarias, antes de que su gobierno lo haga. Una amenaza directa.
No solo no se acabó la corrupción. Se han
convertido en su más acabado epítome. Y solo fue lo del primer año.
Por más
de tres mil millones, desvíos en Veracruz
La Auditoría Superior de la Federación también
revisó el manejo de los recursos federales en los estados de la República. Y en
Veracruz se encontró con un posible daño patrimonial por tres mil 115 millones
de pesos, de los cuales dos mil 961 se concentran en el gobierno de Cuitláhuac
García Jiménez, particularmente en las secretarías de Educación, Salud y de
Finanzas y Planeación.
La voracidad es atroz.
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