Nueva carga fiscal con la cual lidiar

Por José Yunes

La semana pasada, el pleno de la Cámara de diputados, con los votos de la mayoría de los grupos legislativos de Morena, PVEM y PT, aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, la miscelánea fiscal compuesta por leyes de impuestos a la renta, al consumo, especiales y el Código Fiscal, así como la Ley Federal de Derechos.

Este proceso legislativo tiene una importancia vital para la económica nacional. La política fiscal es un instrumento de decisión pública con el que cuentan los gobiernos ejecutivos para influir en el crecimiento y en la estabilidad económica de las circunscripciones donde ejercen autoridad.

Para el país, las decisiones tributarias y de gasto abren una posibilidad para prevenir los efectos negativos asociados a los ciclos económicos. En épocas recesivas se deben aligerar las cargas tributarias y expandir el gasto público con el propósito de acelerar el desempeño de la actividad económica. Éste debió haber sido el objetivo primario al momento de analizar y aprobar las disposiciones fiscales para el ejercicio del año 2022, pero la mayoría representada en la Cámara, dejó pasar la oportunidad de ajustar el marco tributario al momento económico que atraviesa el país, a costa de la desaceleración de la economía y de una mayor generación de empleos.

Los últimos datos del IGAE, para agosto del 2021, evidencian que concluyó el rebote económico posterior a la caída del PIB por más de ocho puntos en el 2020 y la economía perdió impulso. El paquete económico debió diseñarse considerando este entorno y liberando al sector productivo de ciertas cargas fiscales. Lo que se aprobó el pasado 20 de octubre apunta, lamentablemente, hacia la dirección contraria.

Se incumplió la promesa de no crear impuestos nuevos, ni modificar las tasas existentes. El régimen tributario vigente del ISR que rige a las personas físicas con actividades primarias, cuyos ingresos anuales fueran inferiores al millón 300 mil pesos, tiene una exención total del pago del impuesto. No pagaban absolutamente nada. Con la nueva disposición, el techo se redujo a los 900 mil pesos y ahora quienes se encuentren en el rango de ingreso anual entre 901 mil y un millón 300 mil pesos deberán pagar una tasa de entre 2 y 2.5%. ¿Acaso esto no es un nuevo impuesto para los productores del campo dentro de ese rango de ingreso?

En el régimen tributario vigente del ISR, los agricultores, ganaderos, pescadores y silvicultores cuyos ingresos se encuentren entre un millón 301 pesos y los 13 millones 900 mil pesos deben pagar una tasa preferencial del 21%. Con la nueva disposición, la tasa a pagar aumenta hasta la máxima posible del 35%, a partir de 3.5 millones de pesos de ingresos anuales. ¿De verdad, puede sostenerse el argumento de que no se modifican las tasas existentes?

Gravar 14% más el ingreso de los agricultores, ganaderos, pescadores y silvicultores medios es un golpe desproporcionado, no sólo a su nivel de vida, sino a la economía nacional en su conjunto. Son ellos quienes explican con su trabajo la productividad del campo mexicano. Son ellos quienes producen la tierra sin recibir ningún apoyo gubernamental directo y cuya única ventaja fiscal se desvanecerá con estas medidas recientemente aprobadas. Son ellos quienes iniciaron la recuperación económica del país después de la crisis y que a partir del primer día del año próximo tendrán una nueva carga fiscal con la cual lidiar.