Obligar a la anulación

Por Aurelio Contreras Moreno

La noche de este martes, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un resolutivo que busca construir las condiciones para ratificar la anulación de la elección municipal de Veracruz.

El órgano jurisdiccional modificó la resolución INE/CG1738/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), misma que difundió con un lenguaje más bien críptico, pero que en términos concretos ordena al órgano electoral volver a calcular el gasto que supuso la marcha celebrada el 23 de mayo pasado en el puerto de Veracruz, denominada “Todos somos Miguel”, en apoyo del candidato de la coalición “Veracruz Va” -integrada por PAN, PRI y PRD-, Miguel Ángel Yunes Márquez, luego de que fue declarado inelegible.

El 30 de noviembre, el Consejo General del INE determinó que dicho acto –que la coalición no reportó a la Unidad de Fiscalización porque se llevó a cabo cuando Patricia Lobeira aún no había sido declarada candidata sustituta de Yunes Márquez- no constituyó un rebase del tope de gastos de campaña, pues aun cuantificándolo, solo se habría ejercido 37 por ciento del total permitido.

Con todo y eso, el INE sí resolvió aplicar sanciones a PAN, PRI y PRD por un total de 146 mil 514 pesos por la omisión en el reporte de ese gasto.

Pero en la Sala Regional del TEPJF –que fue la que ordenó al INE hacer esa primera estimación- no quitan el dedo del renglón y los magistrados concluyeron que “el evento realizado el pasado 23 de mayo sí corresponde a un acto de campaña y, por tanto, se debieron reportar los gastos realizados en él, además de que no era posible calificar la conducta con una gravedad menor ni mucho menos se podía prorratear la sanción impuesta, pues existió un beneficio para la entonces candidata de la coalición “Veracruz Va”, según se expone en el resolutivo.

Para la Sala Regional, “el INE no fue exhaustivo, ya que no era posible advertir la metodología utilizada ni el ejercicio realizado para concluir el número de artículos, objetos y elementos empleados en el mencionado evento”, además de que “no se tomaron en consideración algunos artículos para el cálculo efectuado, aunado a que se observó un error en el ejercicio aritmético realizado para concluir el monto erogado respecto de diversa propaganda”.
En ese sentido, se ordenó al Consejo General del INE “modificar la resolución impugnada para el efecto de que, en un plazo máximo de cinco días, emita una nueva determinación a través de la cual funde y motive debidamente tales omisiones y corrija las respectivas equivocaciones”.

Esto no quiere decir que la Sala Regional del TEPJF haya ratificado la anulación de la elección de presidente municipal de Veracruz decidida por el Tribunal Electoral local y que le valió a Roberto Eduardo Sigala haber sido designado presidente de ese organismo por segunda ocasión este mismo martes. Aunque la idea es ésa.

Básicamente, si hay un recálculo del gasto bajo los parámetros que quiere la Sala Regional –contando hasta las canicas-, pudiera ser que el tope de gastos de campaña alegado por Morena en Veracruz se acredite. Si eso sucede, procedería la anulación. Pero de lo contrario, el Tribunal se quedaría sin argumentos para ratificar la decisión del TEV, sobre la que existieron fuertes presiones políticas y hasta amenazas, y cuyo encargado de proferirlas no fue otro que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el mafioso diputado de Morena Juan Javier Gómez Cazarín. ¿Habrá hecho lo mismo en la Sala Regional del TEPJF?

Es claro que quieren obligar a la anulación en Veracruz orillando al INE a cambiar su decisión a como dé lugar. Mientras que los partidos de la coalición –a nivel federal y estatal- ya están negociando con el régimen.

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