Walter Olivera Valladares / @WalterOliverav

En un momento enormemente volátil de la relación bilateral México-Estados Unidos, ocurre que el aparato jurídico de aquel país hizo pública su acusación contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y un buen grupo de funcionarios y exfuncionarios de su gobierno.

Para muchos no ha sido ninguna sorpresa. En el momento en que el presidente Donald Trump declaró a los cárteles mexicanos como grupos terroristas que amenazan la seguridad nacional, y al fentanilo como arma de destrucción masiva, las señales fueron claras.

A Rocha Moya le imputan haber llegado al cargo gracias al respaldo del Cartel de Sinaloa – suprimiendo o movilizando el voto– y luego haberles correspondido protegiendo a dicha organización criminal. Pero la presión en este ámbito empezó mucho antes con el retiro de visas estadounidenses a políticos sospechosos de mantener ligas con el narcotráfico.

Con todos estos signos, ya se avecinaba la actuación contra ellos judicialmente. La acusación radicada en el estado de Nueva York, es un duro golpe para el gobierno mexicano que se encuentra en la disyuntiva de mantener el apoyo a dichos políticos (lo que al menos en el discurso parece estar ocurriendo) o abrir la puerta a una crisis bilateral con la administración Trump.

La segunda opción supone sin duda un grave riesgo diplomático y financiero para nuestro país en el marco de los programas de cooperación, la agenda bilateral y evidentemente la revisión del acuerdo comercial en vigor, el T-MEC.

La cadena de concesiones anteriormente hechas con la entrega de más de 90 líderes criminales a las autoridades norteamericanas; la estrategia de cabeza fría y los telefonazos terapéuticos de apaciguamiento a Trump, no serían de utilidad esta vez.

La lista enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no es menor. Además de Rocha Moya, nueve funcionarios más, tanto en activo como retirados, enfrentan cargos por nexos con el crimen organizado, posesión de armas y secuestro. Del total de 10 acusados, solicitaron licencia el propio Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra.

Otro de los acusados, el senador Enrique Inzunza Cáceres, decidió continuar en el cargo y mantener su fuero, inmunidad procesal que de acuerdo a expertos juristas no aplica para el caso de extradición.

A lo que nos estamos acercando es que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y agencias federales de Estados Unidos comenzaron a jalar la hebra, lo que es el detonante hacia procesos más amplios y consistentes para combatir al crimen organizado transnacional, una de las principales promesas de Trump hechas desde su campaña y fundamentales en su agenda política interna.

En la construcción de su discurso, Trump le imputa a México los problemas asociados a las drogas, pero Estados Unidos igual evade su parte de responsabilidad en la atención que, a través de su sistema de salud, debería poner a dicha problemática.

En este punto es evidente el trasfondo político porque el tema le da al presidente la posibilidad de utilizar el narcoterrorismo mexicano para generar apoyo electoral de cara a los comicios intermedios de su país en noviembre próximo. En este sentido México representa una alta rentabilidad política para los republicanos en Estados Unidos.

Pero en lo inmediato, la solicitud de detención precautoria para la extradición de los 10 servidores públicos también trae la fuerte carga política para México. El sistema está duramente golpeado y continuar de este lado de la frontera con la narrativa de la defensa de la integridad nacional sólo nos distancia de la cooperación y fractura la confianza.

Ciertamente son muchas las aristas que nos mantienen ocupados y preocupados… La soberanía no debe ser considerada como escudo para la permisividad criminal, consecuentemente urge reequilibrar el sistema de seguridad mexicano; recuperar marcadores de credibilidad y que las decisiones se tomen con visión de estado no de facción. Hay varios finales posibles. El pronóstico es reservado.