Ciudad de México 6 agosto 2026.- Organizaciones civiles cuestionaron las conclusiones del comité de expertos creado por el Ejecutivo federal para analizar la conveniencia y viabilidad de una “explotación sustentable” del gas no convencional (fracking) en el País.
Rechazaron el que la prohibición de esa práctica se limite al corredor Tampico-Misantla (entre Tamaulipas y Veracruz), y exigieron que se extienda a todo el territorio nacional.
En un pronunciamiento difundido tras la presentación de las conclusiones en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, 30 agrupaciones — entre ellas la Alianza Mexicana Contra el Fracking, CartoCrítica, Conexiones Climáticas y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)– sostuvieron que el comité reveló un un sesgo de origen.
“No buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking , sino cómo usarlo con menos culpa”, indicaron.
Advirtieron que no han probado los riesgos estructurales e inherentes a la explotación del gas no convencional, y su supuesta reducción del impacto ambiental e hídrico, con las tecnologías a las que hizo referencia el comité.
Estas técnicas son uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras.
“Lo que sí existe son datos que dimensionan la amenaza. De acuerdo con la más reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue del fracking en México no sería una actividad puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce”, alertaron.
“El anuncio tampoco explica cuál será la disposición final de los residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que su inyección en pozos de disposición tampoco es segura: las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no solo contaminar acuíferos sino provocar sismicidad inducida”.
Por lo demás, reprocharon, no se tomó en cuenta la opinión de integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas.
“Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate”, remarcaron.
Más de 6 millones de personas, apuntaron, viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud.
Las regiones, en el noreste de México, en las que se centra el interés del Gobierno y capitales para la exploración y posible explotación de gas no convencional, subrayaron, atraviesan ya una profunda crisis hídrica.
“Se calcula que el 65 por ciento del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50 y el 100 por ciento del agua disponible localmente, advirtieron.
