ORFIS: ENTRE CUOTAS POLÍTICAS Y LA URGENCIA DE UN PERFIL TÉCNICO
Por Miguel Ángel Cristiani
En Veracruz no debería haber mayor discusión sobre quién debe encabezar el Órgano de Fiscalización Superior. Sin embargo, cada vez que se acerca la renovación de su titularidad, aparecen las mismas tentaciones de siempre: convertir una institución técnica en un premio político. Y eso, precisamente, es lo que el estado ya no puede permitirse.
La Auditoría Superior del Estado no es una oficina de relaciones públicas ni una agencia de colocaciones para grupos parlamentarios. Es el órgano encargado de revisar miles de millones de pesos del presupuesto público, detectar irregularidades, exigir responsabilidades y convertirse en el principal contrapeso contra el desvío de recursos. En pocas palabras, es una institución que debe responder a la ley, no a los intereses de quienes circunstancialmente controlan el poder.
Por eso resulta pertinente revisar los nombres que comienzan a mencionarse para sustituir a la maestra Delia Cobos, quien deja una institución considerablemente distinta a la que recibió. Durante su gestión impulsó la modernización de procesos, la digitalización de sistemas y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, avances que difícilmente pueden ignorarse al evaluar el futuro del ORFIS.
Entre los perfiles que empiezan a cobrar fuerza destaca el de la contadora pública Cecilia Coronel Brizio.
No se trata de una improvisada ni de una funcionaria descubierta de última hora por alguna oficina política. Su trayectoria profesional está vinculada desde hace años al ejercicio de la fiscalización, la administración pública y el control financiero.
Actualmente se desempeña como Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas dentro del propio ORFIS, una posición que exige conocimiento técnico, dominio del marco jurídico y experiencia en la revisión del manejo de recursos públicos. Antes ocupó responsabilidades como tesorera municipal y síndica única del Ayuntamiento de Xalapa, además de desempeñarse en la Contraloría General del Estado y en la entonces Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Su formación como licenciada en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Veracruzana, complementada con estudios especializados en fiscalización gubernamental, fortalece un perfil construido desde el trabajo técnico más que desde la militancia política.
La diferencia no es menor.
Mientras algunos aspiran a llegar al ORFIS respaldados por padrinos políticos, otros llegan respaldados por expedientes profesionales.
Y esa diferencia puede significar miles de millones de pesos mejor vigilados o miles de millones convertidos, una vez más, en terreno fértil para la opacidad.
La verdadera discusión no debería centrarse en simpatías personales ni en afinidades partidistas. La pregunta obligada es mucho más sencilla: ¿quién posee los conocimientos, la experiencia y la independencia necesarios para fiscalizar sin mirar colores, amistades o compromisos políticos?
Porque la fiscalización pierde toda credibilidad cuando quien revisa las cuentas públicas debe favores a quienes las ejercen.
Veracruz ha pagado durante décadas el costo de instituciones capturadas por intereses ajenos al servicio público. Basta revisar la historia reciente para entender que buena parte de los escándalos financieros no surgieron por falta de leyes, sino por ausencia de autoridades capaces o dispuestas a aplicarlas con rigor.
El relevo en el ORFIS representa una oportunidad para romper esa inercia.
No se trata de designar a una persona por el simple hecho de ser mujer, ni por pertenecer a determinado grupo político, ni porque así convenga a quienes hoy reparten posiciones. Se trata de colocar al frente del órgano fiscalizador a alguien que conozca desde dentro los procesos de auditoría, que entienda la complejidad técnica de la rendición de cuentas y que tenga la fortaleza suficiente para resistir presiones provenientes del poder político.
Si el Congreso decide privilegiar los méritos, la experiencia y la capacidad profesional, Veracruz ganará una institución más fuerte. Pero si vuelve a imponer las cuotas, los compromisos y las recomendaciones de escritorio, el mensaje será devastador: que la fiscalización sigue siendo moneda de cambio y no una obligación constitucional.
Porque cuando el auditor le debe el cargo al político que debe ser auditado, la corrupción deja de esconderse: simplemente cambia de oficina.
