OTRA REFORMA ELECTORAL

Desde 1977 se inició un cíclico recorrido de reformas electorales en México. Aquella fue importante porque incorporaba a la izquierda partidista a la legalidad y abría la cámara de diputados a las minorías. No se debe regatear esa apertura democrática real del presidente López Portillo, apoyado en el talento y tolerancia de Don Jesús Reyes Heroles. Eran tiempos de partido de Estado. De ahí en adelante cada sexenio se aprobaban reformas electorales, siendo las del Salinismo de mayor envergadura. Entonces se creó el IFE como órgano autónomo, encargado de la organización electoral. Que los votos contaran en elecciones libres fue el vuelco político más significativo del siglo pasado. Se crearon las condiciones de participación ciudadana para transitar a la democracia e inaugurar las diversas alternancias. Las estructuras, presupuestos y legalidad electoral no se entenderían sin el pasado de autoritarismo y fraudes. La desconfianza, el peso gubernamental y el uso de dinero oscuro hizo de nuestras instituciones electorales pesadas estructuras burocráticas y nos trajo una democracia cara. Es necesario tener explicaciones antes de descalificar y sacar de contexto chocantes realidades con los partidos y los órganos electorales. Tradicionalmente las reformas electorales se hacían por la presión y beneficio de las oposiciones; se buscaba legitimidad y piso parejo. Las reglas electorales deben ser acordadas por todos los actores partidistas, no deben ser unilaterales; son producto de una transparente negociación o, simplemente, no funcionarán correctamente. La propuesta del presidente Obrador debe analizarse con interés constructivo. Es un error si se rechaza por sistema. El mismo y su partido deben tener la apertura para construir una reforma consensuada. Lanzarla para ver qué pasa y esperar su incondicional aceptación es un paso en falso. Si se quiere que la reforma avance, es indispensable abrir las negociaciones; si solo es propaganda, quedará como algo ocioso.

De su inicial y simple análisis hay que decir que la reforma contiene aspectos positivos y otros alarmantes. Nadie debería estar en contra de disminuir las prerrogativas a los partidos, sin dejar de considerar un beneficio indirecto para el partido oficial. Dada la crisis del sistema de partidos, vale la pena, incluso desde ellos mismos, que se revise su financiamiento. Esos recursos tuvieron razón de ser en el pasado, pero desnaturalizaron a los partidos. Que los órganos electorales funcionen en el año electoral tampoco es descabellado; hay que considerar la parte referida a la credencial electoral. El voto electrónico puede ser una forma eficaz de sufragar. Quitar la lista plurinominal de Senadores significa corregir una aberración que nada tiene que ver con la representación popular. Dejar en 300 a las diputaciones con exclusiva representación proporcional es digno de estudiarse. En fin, hasta ahí se recogen inquietudes reales que han estado en la conversación pública desde hace mucho tiempo. Donde seguramente habrá profundas diferencias es la forma de elegir a los y las consejeros electorales. Se esta proponiendo hacerlo con el voto popular, de manera directa. Sería un caso único en el mundo. El problema es que las funciones de los consejeros exigen capacidades especiales, profundo conocimiento de la materia y absoluta autonomía en sus funciones. Someterse al voto popular significa hacer campaña y apelar a lo que sea para ser electo. Es imposible prácticamente que la ciudadanía tenga elementos para decidir conscientemente. Esa idea difícilmente va a ser compartida por las oposiciones. Si la reforma se presenta de buena fe y con ánimo democrático, debe ser tomada con seriedad. Eso implica, entre otros aspectos, que sus promotores se abran a la negociación y los consensos. De todos modos, es una saludable forma de revisar nuestro estado de cosas en materia electoral. Sin fatalismo ni imposiciones, con seriedad mutua, se debería intentar rescatar las partes ya muy necesarias a la hora de hacer campañas y contar los votos. Si hay reforma, que sea consensuada y represente un avance democrático en México: elecciones libres y órganos autónomos que las organicen.

Recadito: ahí va el MOPI, siempre luchando gobierne el color que gobierne.

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