“PALO VERDE”, EL CEMENTERIO CLANDESTINO DE LA FISCALÍA

Al descubierto ligas con el crimen organizado.

El caso July Raquel “N” condenada a 60 años de cárcel por un crimen que no cometió y la pifia en el caso de Antonio de Jesús Hernández Martínez, presunto asesino solitario de dos periodistas hace unos días, puso al descubierto las profundas raíces que vinculan a la Fiscalía General con las redes delincuenciales.

La punta del iceberg está en Marcela Landeta quien en oficina paralela a la Fiscal, Verónica Hernández Giadáns, tiene instalada la sastrería crimen donde confecciona trajes a la medida, al gusto de los intereses criminales que son los verdaderos grupos de poder que mandan en Veracruz.

Y para el despojo criminal de los caídos en esta guerra entre criminales, está el panteón de “Palo Verde” de Xalapa, donde con pala y pico empleados de la Fiscalía, depositan en horas de la madrugada, cadáveres no identificados y sin registro oficial, en gigantescas fosas comunes que los Colectivos jamás encontrarán.

Ya desde la llegada de Verónica Hernández a la Fiscalía “autónoma”, el fantasma de la sospechosa alianza con organizaciones delincuenciales,  salió a flote al darse a conocer el 21 de enero del 2020, ligas familiares con su prima hermana, Guadalupe, cabeza en sur de la entidad con el Cártel de los Zetas, una comprometedora situación que no tuvo más remedio que aceptar.

“No voy a negar un parentesco que existe con mi prima Guadalupe, sin embargo, de las conductas y acciones que lleve a cabo mi familia no puedo responder, (yo) respondo por mis actos”, dijo a cuestionamiento de los diputados.

La prima hermana, conocida como ‘la Jefa’, estaba cabalmente identificada por autoridades judiciales como presunta integrante del crimen organizado y vinculada a uno de los principales líderes de Los Zetas en la zona sur del estado de Veracruz, Hernán Martínez, conocido como “el H”, quien fue detenido en el estado de Tabasco hace cinco años dejándole la plaza.

De hecho, el propio gobernador Cuitláhuac García prácticamente desde el arranque de su mandato reconoció públicamente la existencia de siete cárteles delincuenciales en guerra por el control de Veracruz.

Y ya desde diciembre de 2019, Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del estado, confirmaba que operaban mínimo cinco grupos delictivos y que de esos al menos dos, “Los Zetas” y el “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, peleaban por la plaza.

Y en inopinada declaración el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros admitió públicamente que no se iba a permitir, a pregunta expresa sobre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa que “Aquí no vamos a permitir que ningún grupo venga a establecerse por encima de otro”.

¿Encima de otro?

Veracruz, desde el auge de los Cárteles, del 2018 para acá, ha acumulado 4 mil 838 homicidios dolosos de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte de abril del 2022. Son más de 100 mil a nivel nacional.

Pero vayamos al detalle de la presencia delincuencial en las oficinas de gobierno, particularmente en la Fiscalía General del estado.

En días pasados la periodista Claudia Guerrero hizo público que la Directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía, Marcela Aguilera Landeta, es “la artífice  para recrear escenarios, imputar delitos en contra de inocentes”.

Es la que elige al azar a presuntos culpables e impone conflictos legales por su ineptitud, degradación, incompetencia y ser obediente para hacer los trabajos sucios, infinidad de porquerías, sin tener ética y destruir vidas de personas, quienes nada tienen que ver con los delitos que se les imputan, sostiene.

En efecto, Marcela, considerada “la Joya de la Fiscalía” por su riqueza financiera acumulada en dos años, es la que da las órdenes de golpear a los presos, no permitirles beber agua, ni comida o estar en áreas de castigo, propinándoles severas golpizas.

Es la que por instrucciones del llamado “Bola #8”, arma entramados criminales como el de July Raquel “N” que culminó con una sentencia de 60 años de cárcel por un crimen que no cometió.

Ello, sin embargo, pondría en paralelo al descubierto la sospechosa alianza de Verónica Hernández Giadans con Silvia Martínez Aguilar, autora intelectual del asesinato de su hermana, María Guadalupe, rectora de la Universidad de Valladolid de Xalapa, ocurrida el 29 de junio del 2020.

A la inculpada July Raquel Flores, Marcela Landeta le creó una carpeta incriminatoria a partir de un trabajo que tuvo como taxista de UBER en la zona de Xochimilco, vehículo que aparecería en la escena criminal.

Así se empezó a fabricar una culpable.

De la misma forma que hace un par de días armó el caso de Antonio de Jesús “N”, a quien la Fiscalía exhibió como presunto responsable del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García Oliveira.

El chavo de 20 años, Antonio de Jesús Hernández, fue aprehendido y trasladado a Coatzacoalcos para llevarlo a la zona de playas donde fue torturado y obligado a firman una confesión que posteriormente sería destruida al descubrir la prensa crítica el tongo.

Regresando al tema, para el caso de July “N”, de pronto las indagaciones de Marcela, concluyeron con que el vehículo que uso meses atrás, la colocaba como autora material de un asesinato.

Fue así que los ministeriales la aprehenden cuando salía a hacer una entrega de comida, para traerla a la capital veracruzana no sin antes torturarla hasta la pérdida del conocimiento en tres ocasiones, luego violarla e intentar asfixiarla con una bolsa de plástico para luego de quemarle los genitales.

Ahí están las pruebas que presentaría su abogado René Rodolfo Parate, quien tras ser amenazado en el marco del juicio y aceptar un soborno, distorsiona las pruebas que hundirían a July, condenada por un crimen no cometido acontecido a 327 kilómetros de su hogar.

Quedaba a salvo el largo vínculo de amistad, desde la Motolinía, entre Verónica Hernández Giadáns y Silvia Hernández, la verdadera autora intelectual del asesinato de su hermana con quien, antes del atentado, estuvo en disputa por cuantiosa herencia.

Una herencia que les dejó su padre, un transportistas que acumuló una enorme fortuna luego de estar 20 años en la cárcel por un asesinato que se le imputó en donde creó un red carcelaria de narcotráfico.

Con los 60 años de cárcel para July “N”, caso cerrado.

Infortunadamente para la causa de la Fiscalía, hace unos días trasciendió que Guadalupe Ferman, sobrina de la presunta autora intelectual, declara que “el 28 de julio de 2020, dos hombres armados entraron en mi casa y asesinaron a mi mamá (Guadalupe). No se robaron nada, no se llevaron dinero pero sí los teléfonos y su único motivo fue matar a mi mamá. De hecho algunos ya están detenidos”.

Ello obligó a que Silvia huyera a Canadá, mientras en la Fiscalía tratan de maquillar su cochinero.

Sin embargo, para el gobernador Cuitláhuac García, el asunto July “N” es de una simpleza que asombra.

Su caso, “al igual que los de 186 internos que han interpuesto denuncias de torturas ante la CNDH, mienten para salir libres a pesar de que son unos delincuentazos”.

Tiempo al tiempo.