¿QUIÉN SIGUE?
Walter Olivera Valladares / @WalterOliverav
Duros signos de alerta para nuestro país con el escrutinio bajo el que se encuentra por el caso Sinaloa y sus 10 involucrados con el gobernador bajo licencia, Rubén Rocha Moya, a la cabeza de los acusados.
El proceso parece quebrar al sistema político mexicano. La lista enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputa cargos a Rocha y los demás, por pactar con el narcocrimen, posesión de armas y secuestro.
Pero en los días subsecuentes a la solicitud de detención precautoria con fines de extradición, dos de los indiciados decidieron entregarse a la justicia estadounidense, los que en su momento fueron los brazos judicial y financiero del gobierno de Sinaloa: el general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
Con esto también inicia del lado mexicano la fase de investigación patrimonial del exmandatario, pues a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no le ha quedado más que actuar en consecuencia y escudriñar los estados bancarios de Rocha y su círculo familiar cercano.
De los 10 enlistados, permanecen con licencia el propio Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de Culiacán, y Dámaso Castro Saavedra, quien estuviera a cargo de la Vicefiscalía. Únicamente Enrique Inzunza Cáceres, se aferra a la Senaduría, abrazado a la inmunidad procesal, que de poco o nada le sirve en una investigación internacional.
Con la entrega voluntaria de los dos referidos, el padrón de sospechosos se recorta a ocho. Lo que “es sólo el principio”, de la ofensiva contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico, según la advertencia del director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, y miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Esto pone nuevas condiciones en el tablero de las relaciones con el gobierno de Trump, que ha subido el tono a la polémica frente a las autoridades mexicanas, empecinadas en la defensa a ultranza de tales políticos.
En ese afán, México deja ir cada vez más oportunidades de demostrar cualquier posible equívoco en las acusaciones de Estados Unidos. Centra sus argumentos en el continuo discurso de soberanía, integridad nacional y autodeterminación que, en las circunstancias actuales de creciente tensión, son prácticamente letra muerta.
Difícil saber hacia dónde van las vertientes. El escenario parece estar atorado. De este lado de la frontera se resisten a abrir la llave de las detenciones, pero con esta obstinación despliegan la puerta a conflictos diplomáticos, financieros y de cooperación bilateral.
¿Cuántas listas más para entender que hay un estado de fragilidad? Y es que la negativa a conducir internamente los procesos nos expone a la voracidad del país vecino. Así como la confrontación con espacios de análisis que difieren del régimen es infructuoso, porque la adversaria no es la opinión pública sino la agenda política interna de Trump.
Tampoco funcionan los llamados a envolvernos en la bandera, cuando por casi ocho años nuestra sociedad ha sido sistemáticamente fraccionada y continúan las presiones sin medida de Estados Unidos.
Vimos a Trump capturar a Maduro y colocar un gobierno a modo en Venezuela, doblegar la economía mundial con la devastación en Irán –conflicto sin final previsible-. Colombia lo prefiere como aliado incómodo; van ahora por el dictador Raúl Castro y el derrocamiento del régimen en Cuba…
¿Qué hay para México? ¿Dejaremos que nos hagan la tarea? ¿Vendrán a disciplinar al régimen? ¿A decirnos quién sigue en las elecciones del 2030?
