REFORMA O RETROCESO ELECTORAL

·         Se discuten en comisiones del Congreso las modificaciones

·         Existen más de 100 iniciativas presentadas en los últimos años

·         Sustituir al INE por el INEC el punto principal de la polémica

Por Miguel Ángel Cristiani González

La llamada Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López, ya está siendo discutida no solo en las comisiones legislativas, sino también en las benditas redes sociales, con pronunciamientos y argumentos a favor y en contra.

Aunque existen más de 100 iniciativas presentadas en el Congreso en los últimos años en materia política-electoral, ya se inició la discusión para presentar una sola propuesta que girará en torno a la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador a finales de abril de este año.

La propuesta presidencial contiene los siguientes puntos:

1. Sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Este perdería la atribución de conformar el padrón electoral (solo tendría la integración de la lista nominal de electores) y, en consecuencia, es probable que tampoco expediría la credencial para votar con fotografía.

2. Elegir a consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular.

3. Centralizar la organización de todas las elecciones en el INE: desaparición de los organismos electorales locales (los OPLEs), así como los tribunales electorales locales.

4. Reducir el tamaño del Senado de 128 a 96 integrantes y que todos ellos sean electos mediante representación proporcional con base en listas estatales.

5. Reducir el tamaño de la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes y elegir a todos mediante un sistema puro de representación proporcional con base en listas estatales.

6. Reducir el tamaño de los congresos locales con base en criterio poblacional.

7. Reducir el número de regidores municipales y concejales de alcaldías por criterio poblacional.

8. Reducir el financiamiento ordinario a partidos y mantener el financiamiento público para campañas electorales.

9. Implementar el voto electrónico.

10. Ampliar la propaganda electoral gubernamental permitida durante procesos electorales.

11. Reducir 18 minutos diarios para promocionales de los partidos y de las autoridades electorales por cada estación de radio y TV durante procesos electorales.

12. Disminuir el umbral de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante (33%).

Algunas de las implicaciones que todo lo anterior tendría son:

● La conformación del padrón electoral ya no es atribución del INE: la eliminación de dicha atribución constitucional genera incertidumbre respecto a quién sería el responsable de conformarlo y el posible uso clientelar o político de la lista de electores; se rompe uno de los pilares de la integridad del sistema electoral mexicano.

● Se socava la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales: elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular politizaría su perfil. En lugar de expertos, los cuadros directivos serían políticos profesionales, militantes y activistas. Asimismo, conseguir los fondos para desplegar una campaña nacional en busca del voto puede implicar varios millones de pesos (o decenas): quien compita tendrá fondeadores externos con intereses políticos o económicos. 

● Se modifica radicalmente el sistema de representación: en contraste a lo que había anunciado el presidente López Obrador, la propuesta elimina a los legisladores de mayoría relativa y los sustituye con puros de representación proporcional con base en listas estatales.

● Distorsión de representantes: diputados y senadores serían elegidos mediante listas estatales, con lo cual se eliminan las diferencias de la representatividad que es base del bicameralismo y del federalismo.

● Se pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos: sin financiamiento público en años no electorales, los partidos políticos son vulnerables y se convierten en maquinarias para ganar elecciones (lo cual va en contra de su rol como intermediarios, reclutadores de liderazgos sociales y contrapesos al poder de los gobiernos).

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