¿Revocación?

Después de la “guerrita” que escenificaron los bloques parlamentarios en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para definir la pertinencia de convocar a un periodo extraordinario del poder legislativo y, así discutir el reglamento de la revocación de mandato, cuyo resultado fue adverso a los deseos del inquilino de Palacio Nacional, se coloca ahora como punto central (para Morena y sus aliados), dicho tema para su discusión nuevamente en la Cámara de Diputados.

Como se sabe, la Constitución establece en su artículo 35 los lineamientos para darle basamento legal a la consulta ciudadana en cuestión. Sin embargo, hay una pregunta central: ¿quiénes van a solicitar la revocación del mandato del presidente de la república?

Ahora bien, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque a este ejercicio, se requiere que al menos 2.8 millones de ciudadanos soliciten clara y explícitamente la destitución del titular del poder ejecutivo federal. Dichas personas tendrán que señalar, en detalle, que el presidente no ha cumplido con sus obligaciones inherentes al cargo y, en consecuencia, exigen su remoción. Por lo tanto, al menos que estemos en el mundo al revés, es inimaginable que Morena y las expresiones oficialistas sean animadoras e impulsoras de la recolección de firmas para promover el despido de López Obrador.

Para evitar confusiones y desplantes demagógicos, se debe ser muy preciso en el significado de las palabras. Estamos hablando de revocación. No queremos ratificar. No es éste un ejercicio para satisfacer vanidades personales. Una vez que se cumpla el requisito formal numérico, descrito líneas arriba, el INE tomará en cuenta el dispositivo reglamentario que haya aprobado la Cámara de Diputados y organizará la consulta. El paso definitivo para sustituir al presidente será que voten al menos 37 millones de ciudadanos (40% de la lista de los electores nacionales).

Sin embargo, por si algo faltara, en días recientes López Obrador ha declarado que la solicitud presupuestal del INE, para la realización de la jornada de revocación, es “muchísimo” y que lo que debe hacerse para disminuir el gasto es, afirmó el tabasqueño, que los funcionarios del propio INE, “que ganan más de 100 mil pesos, aporten la mitad y [los que reciban] de 10 mil a 100 mil, el 25%”. Además, que “se pida apoyo a los gobiernos estatales, a los municipales, a las organizaciones y a todos los ciudadanos”. Es decir, una actividad institucional que debe sufragarse con gasto público ahora se realizará por “coperacha”. Sí, la locura no tiene límites. Y lo que falta todavía.

pedropenaloza@yahoo.com/Twitter: @pedro_penaloz