Rifa, consulta, engaños y corrupción
Rifa, consulta, engaños y corrupción
Por Aurelio Contreras Moreno
Atragantado
por los dichos y caprichos de su líder, el régimen de la autoproclamada “cuarta
transformación” violenta cotidiana y sistemáticamente la legalidad a los ojos
de todo el país, utilizando para ello todos los recursos del Estado.
Visto
el fracaso de la iniciativa para vender la aeronave comprada a finales del
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para uso oficial del titular del Ejecutivo
federal, hace varios meses el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a
una salida inaudita para intentar desviar la atención sobre la fallida
intentona: el avión presidencial se rifaría entre los mexicanos mediante un
sorteo de la Lotería Nacional.
Tras
ser evidenciado que tampoco esto puede realizarse, entre otras cosas porque el
avión es arrendado y aún pertenece a una empresa particular, así como que la
ley no le permite a la Lotería Nacional sortear premios que no sean en
efectivo, el presidente y sus propagandistas –exhibidos nuevamente como
ignorantes de las materias sobre las que toman decisiones- tuvieron que ajustar
de nuevo el discurso: lo que se rifaría es el monto del valor de la aeronave,
cuya imagen se usaría de manera “simbólica”.
Hablando
de eso, para no perder la oportunidad de manipular en su favor la simbología
nacionalista en la que se monta la soflama de la “4t”, el sorteo se llevará a
cabo el 15 de septiembre. Y como en el camino se “atravesó” la pandemia de la
covid-19, pues qué mejor que destinar los recursos obtenidos de la rifa al
sector salud, cuyas carencias –que el actual gobierno en ningún momento se
preocupó por atender en su primer año de gestión y que por el contrario, las
agravó con sus recortes presupuestales- quedaron trágicamente expuestas durante
la emergencia sanitaria.
Con
lo que al parecer no contaban –aunque en realidad se trataba de algo
previsible- era con que la ciudadanía no respondería masivamente al llamado
presidencial para comprar “cachitos” y, a pocas semanas del sorteo, no se
habían vendido ni la mitad. ¿La opción? Obligar a la burocracia federal –a la
que le han reducido y “trasquilado” su salario a voluntad presidencial- a
“entrarle con su cuerno” comprando y vendiendo boletos “de manera voluntaria”.
Medida abusiva, pero difícil de enmarcar fuera de la ley.
Sin
embargo, la desesperación por no asumir el fiasco y la creencia de que pueden
hacer lo que quieran con las instituciones públicas y sus recursos llevó al
gobierno a cometer actos que están muy cerca de ser constitutivos de delitos.
Por
un lado, la decisión del presidente López Obrador de destinar a la compra de
“cachitos” de la rifa 500 millones de pesos provenientes de decomisos de la
Fiscalía General de la República (FGR) no tiene sustento legal alguno. Y peor
aún es que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destine ocho
millones de pesos para ese mismo fin. Ambos actos pueden configurar el delito
de peculado, puesto que se desvían recursos públicos a fines distintos de los
que deberían ser aplicados.
Lo
anterior no se subsana con el pretexto de que el dinero obtenido del sorteo se
vaya a utilizar en el sector salud, al cual podrían haberse enviado esos 500
millones de manera directa e inmediata. La “rifa del avión” es, de manera muy
clara, un fraude y un engaño a los mexicanos. No por nada renunció a su cargo
hace unos días el director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación,
Luis Calvo.
En
la misma frecuencia está la “consulta” para “enjuiciar” a los ex presidentes de
México, desde Vicente Fox a Enrique Peña Nieto. Otra iniciativa presidencial no
solo sin soporte jurídico alguno, ya que si existen pruebas de que los ex
mandatarios cometieron algún delito –que no haya prescrito, como ocurriría en el
caso de prácticamente todos, menos el anterior- la FGR tendría simplemente que
proceder en su contra, sin necesidad de preguntarle a nadie; además es
inconstitucional someter a consulta las garantías individuales de cualquier
persona, las cuales solo pueden suspenderse a través de una resolución
judicial.
En
el gobierno lo saben perfectamente, como saben también que la Suprema Corte de
Justicia echará abajo el “teatro” de la consulta y para lo cual también ya
esbozan desde ahora la diatriba para estigmatizar a jueces y ministros. Pero la
intención no es llevar ante la justicia a ningún ex presidente en realidad.
El
objetivo es montarse electoralmente en el tema durante las campañas del año
entrante y que sea el propio López Obrador quien funja como vocero de los
candidatos de Morena a diputados federales y locales, gobernadores y alcaldes
que estarán en competencia en 2021.
Por
ello es que son capaces de incurrir en actos de irresponsabilidad criminal como
los que sucedieron este sábado en Xalapa, donde aspirantes de Morena a cargos
de elección popular organizaron una concentración de cientos de personas en un
salón de fiestas de la capital veracruzana –cuyo semáforo epidemiológico está
en naranja-, acarreadas y aglomeradas en masa sin ninguna medida de protección
sanitaria -con la complacencia y complicidad de los gobiernos morenistas municipal
y estatal- para que se adhirieran a la “consulta”. Y de paso, dejaran en manos
de los operadores electorales de ese partido los datos de sus credenciales de
elector.
Esos
son los que iban a “moralizar” la vida pública de México.
