SERVIDORES PÚBLICOS EN LA TABLITA; MUDANZA DEL IVAI A LA CONTRALORÍA

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, expedida desde 2016, establece las obligaciones de los servidores públicos, así como las sanciones aplicables por actos u omisiones en los que estos incurran, entre otras cosas, señala que éstos deben presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, «en específico en el mes de mayo», aquella en la que se reportan las modificaciones que haya sufrido su patrimonio, «es decir, incrementos o decrementos».

Desde esa fecha, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ha emitido diversas disposiciones en las que se establecieron y después modificaron los formatos y datos que se deben reportar; asimismo, gradualmente se fueron incorporando como obligados todos los servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal así como organismos autónomos en su conjunto, hasta llegar al día de hoy en el que todo aquel que desempeñe un empleo, cargo o comisión está obligado a reportar, según su nivel jerárquico o salarial, por lo menos, los ingresos que percibe por dicho cargo, los otros ingresos que pudiera recibir por actividad industrial, comercial y/o empresarial, así como los correspondientes a su cónyuge o pareja y sus dependientes económicos.

Y en el caso de que los servidores públicos no presenten la declaración, sin causa justificada, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad administrativa y se le requerirá que cumpla con dicha obligación, de no hacerlo así, los Órganos Internos de Control correspondientes declararán sin efectos el nombramiento o contrato, lo cual notificarán al Titular del ente público que se trate, para que separe del cargo al servidor público.

Este ejercicio de rendición de cuentas transparenta y legitima el actuar de los servidores públicos… «el que nada debe, nada teme».

Además de que la versión pública de las declaraciones patrimoniales está considerada como una obligación en materia de transparencia, se debe cumplir con la incorporación de esta información a la Plataforma Digital Nacional, en específico al sistema No. 1 denominado “Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal”, cuya declaratoria de inicio de funciones, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2024.

¿Habrán cumplido todos en Veracruz durante mayo o se les olvidó por las campañas?

DE SOBREMESA

Las funciones del IVAI (Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), no se transferirán exclusivamente a la Contraloria General del Estado (CGE) puesto que también harán lo conducente las Contralorías Internas de los restantes Poderes y demás sujetos obligados.

Entendiendo que hay un dictamen legislativo, pero no se conocen avances todavía como para asegurar que se apruebe en la próxima sesión del martes 10 de junio.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Semanas atrás el Congreso del Estado inició el proceso para la extinción y transformación del IVAI y con ello se entendería del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción), debido a la reforma constitucional que extinguió al organismo autónomo en lo nacional, el INAI.

Así pues, en nuestra entidad estaríamos por presenciar en breve la mudanza de funciones y con ello la transferencia de las mismas junto con las responsabilidades relativas con la transparencia y el acceso a la información, y así el SEA, irá perdiendo consistencia en los términos de prevención, detección y sanción a la corrupción, y es que ahora las funciones del IVAI se trasladan a la CGE mayoritariamente.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

A fines de marzo pasado, el Contralor General del Estado Ramón Santos Navarro, declaró que al terminar el Congreso del Estado con todo el procedimiento legal para la extinción del IVAI y determinar si la dependencia a su cargo debe absorber parte del personal del organismo autónomo, ya sabría el número de personal junto con el presupuesto correspondiente a la CGE, y es que a partir de la desaparición del INAI tienen 90 días los congresos estatales para realizar lo propio en cada entidad.

UN CAFÉ CON PIQUETE

Nuevos y mejores vientos soplan en términos de transparencia y de consolidación de la CGE, pues además de ampliar su plantilla se vendría a fortalecer en la administración pública de la Ingeniera Rocío Nahle.

Así se esperaría que la participación ciudadana contribuya a la construcción de un sistema de transparencia efectivo, eficaz y eficiente en la edificación del segundo piso del régimen a través del reacomodo con tendencia a mejorar métodos de buen gobierno para la credibilidad ciudadana y la gobernabilidad, pues desde la etapa de transición en Veracruz la Ingeniera Nahle, viene trabajando toda una reforma administrativa en donde la SEFIPLAN y CGE jugarán un rol de proporciones insospechadas.

¡ES CUANTO!

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