Si sus hijos se contagian es su problema, no del gobierno
Nada, ni los 50 mil
nuevos contagios de covid-19 registrados en México en las últimas 48 horas, ni
los hospitales saturados, ni los picos de infecciones que superan los peores
días de la pandemia en las dos “olas” de 2020, parecen importarle un carajo al
gobierno de la malhadada y mal llamada “cuarta transformación”, empecinado como
está en obligar a un regreso a clases presenciales dentro de prácticamente dos
semanas.
Este jueves, durante
el acto circense en el que ha devenido la conferencia matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez
repitió la cantaleta establecida en el guion propagandístico con el que buscan
justificar una decisión irresponsable, demencial y que puede llegar a
convertirse en un acto criminal.
“Por el bien de
nuestros estudiantes este 30 de agosto regresamos a la escuela”, sentenció –en
el sentido literal del verbo- la funcionaria, aduciendo para ello razones como
las necesidades de socialización de los niños, de entablar relación con otros
de su misma edad, de jugar y explorar lo que a su edad corresponde.
Argumentos todos muy
atendibles, que serían lógicos e inaplazables… si no estuviésemos en medio de
un brote gigantesco de contagios, además, de unas variantes del coronavirus que
están atacando directamente al sector infantil y juvenil, precisamente porque
se trata de la población que en México se encuentra desprotegida, pues no ha sido
vacunada.
Y no lo será en el
corto plazo. Ya sabe. ¿Cómo que las vacunas hay que comprarlas y ayudarles a
hacer negocio a las farmacéuticas? Y si gastamos en eso, ¿con qué vamos a
comprar estadios de beisbol o a organizar megalómanas celebraciones pseudohistóricas
para satisfacer el caprichudo e inmenso ego de ya sabe quién?
Además, no solo los
estudiantes están siendo empujados a una auténtica “ruleta rusa” con el
cargador lleno. El pretexto de que los docentes “ya están vacunados” tampoco se
logra sostener, pues la vacuna que se le aplicó al profesorado, la de la
farmacéutica china CanSino, necesita el refuerzo de una segunda dosis –como la
propia empresa lo anunció hace pocos días-, misma que el gobierno ¿qué cree?
¡Pues tampoco quiere pagar!
Pero la “cereza del
pastel” de la gansada –otra vez, en sentido literal- del gobierno de López
Obrador es que quieren obligar a un regreso a las aulas a los niños y jóvenes
sin que eso genere responsabilidad alguna para el propio gobierno, haciendo que
los padres de familia firmen una carta de “corresponsabilidad” en la que, en
realidad, lo que harían sería asumir, ellos y solo ellos, cualquier
consecuencia –contagio, muerte- que pueda traer un regreso a clases en salones
mal ventilados, hacinados y sin control alguno de los niveles de dióxido de
carbono. Y es que ¡oh, maldito neoliberalismo!, esto último también habría que
pagarlo.
En la responsiva que
el gobierno federal quiere que firmen y entreguen los padres a la entrada de
las escuelas para que sus hijos accedan a las instalaciones, deben elegir si
quieren clases de manera virtual –aunque el gobierno en realidad no ha
planteado concretamente esa posibilidad en las escuelas públicas-, presencial o
mixta. Y en caso de elegir cualquiera de las dos últimas, se establecen una
serie de acciones que ellos deben cumplir, sin que al gobierno se le comprometa
a nada.
Hay otro documento
incluido en la página http://educacionbasica.sep.gob.mx/, denominado “Filtro de Corresponsabilidad en
el salón de clases”, en el cual se incluye un anexo a la responsiva, donde los
tutores de los estudiantes deben garantizar con su firma que les efectuaron una
revisión y que “aparentemente” no presentan síntomas relacionados con la
covid-19. Ya si su hijo se enferma o contagia a otros es su culpa, no del
gobierno.
Pero por más que
intenten evadirse y “escurrir el bulto”, lo que ocurra si se regresa
masivamente a las aulas será culpa de la necedad de un presidente obtuso, que
no escucha a nadie y que pretende una recuperación de la economía que se ha
encargado de devastar en menos de tres años, a costa de la salud y la vida de
niños y jóvenes.
Al cabo que ellos ni
votan todavía.
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