Sin agenda ambiental

Para la mayoría de los gobiernos de nuestro país, la discusión sobre el futuro de nuestro planeta en función del calentamiento global, de los llamados que realizan los expertos y particularmente las movilizaciones ciudadanas en muchas partes del mundo para que se realicen acciones profundas que modifiquen la relación de la humanidad para con su única casa, parecen quedar muy lejos de sus prioridades.

Para el gobierno nacional, que se dice ambientalista, progresista, deja mucho que desear su compromiso con el medio ambiente y la construcción de políticas públicas de preservación ecológica, pues parecen reducirse a “Sembrando vida”, cuestionado programa estrella de la administración federal que marca la pauta en las acciones estatales y municipales, distantes también de asumir la trascendencia de los requerimientos ambientales.

Pero los retos son mucho mayores y las acciones y resultados no son alentadores.

Detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad, el cuidado del agua, las emisiones contaminantes, son retos que están entre otros muchos que deberían estar ocupando el desarrollo de una verdadera y prioritaria agenda ambiental y climática, pero no es así.

Para muchas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, la que se anuncia como reforma administrativa desde la SEMARNAT para sumar a su estructura el Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es  vista como una acción más de desmantelamiento del aparato gubernamental que ahora lesiona el sector ambiental.

Esta inercia de abandono queda de manifiesto no solo con las transformaciones institucionales o la ausencia de políticas públicas de gran calado, sino analizando el presupuesto del sector ambiental del 2022 ($40,795 mdp), que aún con el incremento de poco más de 9 mil millones respecto del 2021,  queda muy distante de lo que se tenía hasta hace tres años.

Para ejemplificar la disminución presupuestal: la razón que se alcanza con este presupuesto respecto de los 90 millones de hectáreas que se encuentran en alguna condición de protección es de 9.7 pesos por hectárea, mientras que en el 2015 esa razón alcanzó los 74.12 pesos por hectárea.

Al respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) menciona que “Esta escasa asignación de recursos impide una adecuada atención a los diversos problemas ambientales que existen en las áreas naturales protegidas, como la deforestación o la degradación de los bosques y de las áreas costero-marinas”. Recuperado de https://www.cemda.org.mx/desaparecer-al-inecc-y-el-imta-debilita-aun-mas-la-capacidad-de-mexico-para-proteger-el-medio-ambiente-y-combatir-el-cambio-climatico/

Los problemas son mayores. En 2020 México perdió 300 mil hectáreas de cobertura arbórea de acuerdo a lo mencionado por la Universidad de Maryland y la plataforma Global Forest Watch. Por ello es que se discute la realización del megaproyecto del Tren Maya, en una zona que, a decir de expertos, es una región prioritaria de conservación, sometida a acciones de intervención gubernamental reservadas y con alto nivel de incertidumbre, improvisación y descuido al muy evidente impacto ambiental de las mismas.

Con acciones como esta y otras en similar sentido, como lo es la construcción de la refinería de Dos Bocas, va quedando clara la ausencia u omisión del cumplimiento de las políticas gubernamentales de protección ambiental, lo que otorga relevancia al demoledor comentario del Dr. Adrián Fernández Bremauntz,  Doctor en Ciencias y Director Ejecutivo de la ONG Iniciativa Climática: “Es evidente que el gobierno no va a atender la agenda ambiental y climática. Así que será el sector social y académico el que deberá tomar la estafeta y dar la pelea para que se vuelvan temas prioritarios en el país”.

Rescatado en https://es.mongabay.com/2022/01/desafios-ambientales-de-mexico-en-el-2022/

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