SINDICATOS DENUNCIAN RECORTES AL 50% EN PENSIONES DEL IPE
Xalapa, Ver. 16 junio 2026.- Un frente común conformado por más de 60 sindicatos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos descentralizados, ha alzado la voz contra el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Los dirigentes gremiales exigen la intervención urgente de la gobernadora Rocío Nahle García ante lo que califican como un abuso administrativo: la reducción sistemática de hasta el 50% en el monto de las pensiones de los trabajadores que inician su proceso de retiro.
Elsy Hernández Cárdenas, secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, reveló que esta política de ajuste comenzó a gestarse a finales de 2024 y se intensificó durante el presente año. Según los afectados, el IPE justifica estos descuentos basándose estrictamente en la Ley 287, sin ofrecer explicaciones detalladas ni notificaciones previas que sustenten el cálculo del denominado “salario regulador”.
La incertidumbre ha provocado una parálisis en los trámites de jubilación. Aproximadamente la mitad de la base trabajadora del estado ya cuenta con los 30 años de servicio necesarios para retirarse, pero muchos han decidido posponer su salida ante el temor de ver mermado su sustento económico de manera drástica. Los líderes sindicales detallaron que las afectaciones impactan a diversos sectores, incluyendo a empleados de la Universidad Veracruzana, el sistema de salud y el magisterio, donde los recortes han alcanzado hasta un 40% del salario base de cotización.
A través de un oficio entregado recientemente a la oficina de la Gobernadora, los representantes sindicales solicitaron una mesa de trabajo que incluya al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, y al director del IPE, Luis Octavio Hernández Lara. El objetivo es claro: frenar la aplicación de estos criterios y revertir la reducción, exigiendo que se respete el pago íntegro del último salario base de cotización, tal como ocurría bajo el marco normativo anterior a la reforma de 2014.
El malestar social se agudiza al conocerse casos particulares de trabajadores que, tras años de servicio y ascensos laborales, ven desplomarse sus ingresos al momento de la jubilación. Un ejemplo citado por la dirigencia es el de una trabajadora de Sefiplan, quien vio cómo su base salarial para efectos de pensión fue reducida significativamente respecto a lo que percibía en activo, un escenario que los sindicatos consideran una injusticia hacia quienes han entregado décadas de servicio al estado.
