TRANSPORTISTAS CON ROCÍO NAHLE; LEY DE TRÁNSITO Y DE MOVILIDAD
TRANSPORTISTAS CON ROCÍO NAHLE; LEY DE TRÁNSITO Y DE MOVILIDAD
Recientemente, la Gobernadora Electa Rocío
Nahle García dio a conocer que se reunió con concesionarios del servicio de
transporte público en el Estado, para analizar la posibilidad de elevar la
calidad en el traslado y transporte de los usuarios, así como reordenar el
transporte público, garantizando un servicio de calidad en toda la entidad. “Es
donde se podría dar paso al transporte público híbrido o eléctrico,” quizá
principalmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, así como en Xalapa,
Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y otras localidades.
Lo anterior, creo, debe contextualizarse con la
reunión que hace unos días sostuvo la Doña Rocío con representantes de la
empresa asiática Yutong, encargada de la producción de camiones eléctricos que
ya se utilizan en Ciudad de México, Campeche y Yucatán.
Sin duda, “el ordenamiento del transporte
público en el Estado de Veracruz” es una tarea que se ha quedado pendiente en
administraciones anteriores, dado que se han realizado acciones quizá aisladas
para contabilizar el número de autobuses, hacer revistas de sus condiciones
mecánicas y poder detectar la existencia de unidades clonadas que circulan al
amparo de la misma concesión, así como la revisión del precio de las tarifas
autorizadas.
Sin embargo, en las acciones del pasado se advierte
una falta de visión integral del transporte público, ya que “no han partido de
la base del derecho a la movilidad y seguridad vial”, que fue objeto del
reconocimiento constitucional en el año 2020, mediante la adición de un párrafo
al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
establece que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad”, así como la reforma al artículo 73, fracción XXIX-C de la propia
Carta Magna, a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia
de Movilidad y Seguridad Vial.
Con base en lo anterior, el Congreso de la
Unión expidió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece que
todas las personas tienen derecho a moverse con seguridad, equidad,
accesibilidad e igualdad de oportunidades y tiene como objetivos: garantizar la
integridad física de las personas que usan las calles; asegurar que todas las
personas puedan acceder a las calles y a los sistemas de transporte; garantizar
la movilidad eficiente de las personas y bienes; adaptarse y mitigar los
efectos del cambio climático; garantizar la calidad de los servicios de
transporte y de la infraestructura vial; y eliminar mecanismos de exclusión o
diferenciaciones desventajosas.
Por tanto, el reordenamiento del transporte
público en nuestra entidad veracruzana necesariamente debe pasar por un cambio
de paradigma, es decir, “visualizarlo como parte de un sistema de movilidad de
las personas, más allá de la simple regulación del uso de la vía pública”.
A partir del nuevo enfoque, una Ley de
Movilidad se centraría en promover un sistema de transporte eficiente, seguro,
inclusivo y sostenible e iría más allá de la regulación vehicular, buscando
integrar todos los modos de desplazamiento, como caminar, andar en bicicleta,
transporte público y vehículos particulares, así como considerando los
siguientes aspectos: promover el derecho al acceso a la movilidad para todas las
personas; fomentar el uso de medios de transporte no motorizados; establecer
políticas para el desarrollo urbano sustentable y la infraestructura necesaria
para un mejor transporte público y privado; considerar factores de equidad para
garantizar que todas las personas tengan acceso a sistemas de transporte
eficientes, independientemente de su situación económica; integrar los
principios de sustentabilidad y protección del medio ambiente, fomentando la
reducción de emisiones contaminantes y el uso de tecnologías limpias;
planificar y mejorar el sistema de transporte en su conjunto, incluyendo no
solo la regulación del tránsito de vehículos motorizados, sino también la
movilidad activa —peatones y ciclistas—, la accesibilidad universal (para
incluir a personas con discapacidad) y la infraestructura pública.
Así pues, se debe fomentar el uso de transporte
público y de medios de transporte no motorizados, así como promover el
desarrollo de infraestructura verde, como ciclovías, sistemas de transporte
eléctrico o híbrido, y políticas que favorezcan la reducción del uso de
vehículos particulares.
Es necesario integrar principios de
accesibilidad universal, asegurando que las personas con discapacidad, personas
de la tercera edad y otros grupos vulnerables tengan garantizado su derecho a
moverse de manera segura y eficiente, buscando una mayor equidad social y
promoviendo sistemas de transporte más inclusivos y accesibles para todos los
sectores de la población.
Todo ello fomentará la participación ciudadana
en la planificación de los sistemas de transporte, con consultas públicas y
participación de expertos y organizaciones civiles en la toma de decisiones
relacionadas con la movilidad urbana.
Finalmente, no debe perderse de vista que el
concepto de movilidad ha ganado relevancia en México en las últimas dos
décadas, y ya incluso varios estados han implementado leyes de movilidad, como
es el caso de la CDMX, EdoMex, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Guanajuato,
Querétaro, Yucatán e Hidalgo.
DE
SOBREMESA
El asunto de la ley de tránsito y la ley de
movilidad concatenaría a casi todo el Gabinete Legal de la Gobernadora Rocío
Nahle, junto al H. Congreso del Estado —al menos a las Comisiones Legislativas
Unidad del asunto— e incluso al DIF Estatal y al sector privado más allá de los
empresarios del transporte, pues la gobernabilidad está también sobre ruedas.
¡ES
CUANTO!
