Un freno a los tramposos
Un freno a los tramposos
Por Aurelio
Contreras Moreno
Tras la andanada autoritaria de la semana pasada, en la que
el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” terminó de demostrar
que está completamente dispuesto a violar la ley a placer con tal de concentrar
y mantenerse en el poder, este martes México recibió un aliento quizás de donde
menos se esperaba.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
cuya actuación de los últimos meses había rebasado los límites de la abyección
y genuflexión ante los caprichos del titular del Ejecutivo –cuyo discurso y
actos se perciben cada vez más fuera de la realidad-, dictó tres sentencias que
tendrán un fuerte impacto en el proceso electoral que está en marcha.
En las dos primeras, ratificó la decisión del Instituto
Nacional Electoral (INE) de retirar a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón sus
candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, pues
simple y llanamente incumplieron con las disposiciones de ley respecto de la
fiscalización de los recursos del periodo de precampaña y la sanción prevista
es exactamente ésa: la pérdida de la postulación.
Lo increíble es que lo que en cualquier país civilizado y
medianamente democrático habría sido un asunto de mero trámite y obvia
resolución ante la claridad del precepto legal que sanciona la conducta
irregular, en México significó un verdadero tormento para el Estado de Derecho
por causa de un régimen que desprecia profundamente la legalidad, como quedó de
manifiesto en las palabras del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara
de Diputados Ignacio Mier, quien durante la votación de la llamada “Ley
Zaldívar” justificó violar la Constitución al afirmar que “el conservadurismo
opta por el derecho”.
Por ello resulta de enorme trascendencia la tercera de las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
a las que nos referimos al principio de este texto, y que tiene que ver con la
sobrerrepresentación de legisladores por el principio de representación
proporcional en la Cámara de Diputados.
Durante la misma sesión, el TEPJF también ratificó
–contrario a casi todas sus anteriores sentencias recientes- los criterios del
INE sobre este tema, y que establecen que ningún partido podrá contar con un
número de diputados y diputadas, plurinominales y de mayoría, mayor al 8 por
ciento de la votación nacional que hayan recibido en los comicios por
celebrarse el próximo domingo 6 de junio.
La sobrerrepresentación legislativa fue durante varios años
–cuando la competencia política comenzaba a ser real en México- la fórmula
mediante la cual el Partido Revolucionario Institucional se hizo de mayorías
legislativas artificiales, que no reflejaban verdaderamente lo expresado en las
urnas por la ciudadanía, lo que a su vez le permitía mantener el control del
Poder Legislativo y gobernar sin contrapesos reales.
Y como herederos directos y asumidos de esa “tradición”
tramposa y antidemocrática, en Morena buscaban asegurarse la mayoría en la
próxima Legislatura de la misma manera que lo hacía el PRI: “pepenando”
diputados de los partidos con los que se coaliga o que fungen como sus
satélites/parásitos. De hecho, así fue como lo hizo en 2018.
Estas decisiones de los organismos que deben garantizar la
pluralidad y la competencia electoral en condiciones de equidad le dan un
pequeño respiro a la maltrecha y debilitada institucionalidad democrática del
país, que el régimen que se asume como “protagonista del cambio verdadero” ha
buscado denodadamente destruir desde que tomó el poder, irónicamente, por una
vía legítimamente democrática.
Por eso es vital defenderla de los embates de quienes creen
que están por encima de la ley y que al menos este día, perdieron el “round” y
terminaron en la lona por tramposos. Y es que saben que así como llegaron, por
esa misma vía se pueden ir.
