UN GOBIERNO “PIRATA”

Los defectos estructurales exhibidos tras la “reinauguración” del estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente” deberían poner en la cárcel a más de un exfuncionario de la pasada administración estatal en Veracruz. Empezando por el que simuló gobernar hasta el año pasado.

Empezando por el costo de la “remodelación” del “Pirata” Fuente, que pasó de un presupuesto inicial de 500 millones de pesos a un gasto final estimado en mil 676 millones de pesos –aunque se habla de que en realidad fueron casi dos mil millones-, no hay absolutamente ninguna justificación de tipo social ni de bien común que soporte la idea de semejante derroche. Menos en un estado como Veracruz, donde no hay medicamentos oncológicos ni de casi ningún otro, donde las carreteras son una trampa de muerte por sus condiciones deplorables, y en donde hay enormes carencias en cuanto a infraestructura educativa, rural y de desarrollo. Gastar el dinero público de esa forma es ofensivo y hasta criminal.

Pero si a eso le agregamos que no solo se gastó, sino que esa multimillonaria suma se tiró miserablemente y, muy probablemente, terminó en las cuentas de los políticos que manejaron ese dinero, el asunto adquiere otra dimensión. Una de tipo penal, carcelaria.

Los más de mil 600 millones de pesos que puso el gobierno de Veracruz en el “Pirata” terminaron en deficiencias y fallas estructurales. La más aparatosa, tan burda y estúpida que hasta parece sacada de una comedia de Chespirito, es la del diseño de las gradas. Si usted va a un partido –de torneos sin validez, porque ni siquiera va a haber de primera división-, o a un concierto –para lo que van a terminar usándolo- y le toca en las tribunas superiores, muy probablemente no va a ver nada, pues al “genio” que dirigió ese monumental bodrio se le ocurrió poner enfrente de esos asientos unos palcos en forma de torre que obstruyen por completo la visibilidad hacia las porterías. Una obra, valga apuntarlo, con todo el sello de “garantía” de la “cuatroté”.

Pero no son los únicos defectos de una construcción que, como es también la “marca de la casa”, se “inauguró” sin estar terminada y muchas áreas siguen incluso en obra negra. Ni siquiera los vestidores están terminados. Y al mismo “genio” se le hizo fácil, quizás para ahorrarse dinero en materiales que de todas formas se reportaron como comprados, hacer las escalinatas y los asientos lo más reducidos posible. Seguramente pensaron que solamente acudirán personas muy delgadas, de talla baja y con pies pequeños, que son las únicas con posibilidad de estar cómodas.

Podríamos seguir enlistando las irregularidades, fallas y riesgos, como que los baños se inundan de agua y orines porque el drenaje no sirve; o que el alumbrado fue mal colocado. Bueno, ni siquiera fueron capaces de ponerle césped de mediana calidad. Unos cuántos partidos y ya está destrozado.

El problema, más allá del embuste a los aficionados a los que el anterior y el actual gobierno les hacen creer que van a traer futbol profesional a un coso que no está condiciones de recibirlo, es que eso se hizo con dinero público. Con recursos que hacen mucha falta en otras áreas. Y que ni siquiera fueron invertidos en una obra que ofrezca un espacio digno para sus usuarios. Es un enorme fraude, que en términos gubernamentales implica un daño patrimonial a la hacienda pública. Y eso no lo dice solo un servidor, sino la Auditoría Superior de la Federación.

Cuitláhuac García y su pandilla deberían estar siendo llamados a cuentas por ésta y otras muchas de las transas que fraguaron en el sexenio anterior. Pero la actual gobernadora Rocío Nahle solo dice que va a mandar a revisar si el estadio es seguro –que no lo es- y a modificar lo que esté mal hecho. O sea, a tirar más dinero público al caño.

Así pasa cuando se tiene un gobierno “pirata”. Como el estadio.

Taxigate

Que alguien le explique a la gobernadora que su deber es evitar abusos de los concesionarios del servicio público, en este caso los taxistas, que hace mucho que cobran lo que quieren y no solo en Xalapa. Y no, como pareciera que optó, salir con demagogia a hablar de tarifas de hace un cuarto de siglo que absolutamente nadie va a respetar, porque tampoco son viables ni realistas.

¿De verdad, no hay nadie que asesore aunque sea con un poquito de sentido común por ahí?

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