UN MES DESPUÉS: BALANCE ELECTORAL PARA LAS MUJERES
UN MES DESPUÉS: BALANCE ELECTORAL PARA LAS MUJERES
Electoral
histórica por varias razones, no todas necesariamente para bien. Congruente con
mi convicción feminista y con el objetivo de esta columna, analizaremos aquí
frutos de la elección con lentes violeta.
Ríos
de tinta se han escrito ya celebrando y abundando sobre la llegada de la
primera mujer Presidenta de México, el cumplimiento de la paridad legislativa y
el avance de mujeres gobernadoras, pero es necesario trascender a los vítores
de la numeralia y decir que los partidos –todos– utilizaron la paridad para
postular mujeres que fueran cómodas al poder político, que sigue siendo
masculino. Salvo pocos casos, lo que se vio fue la reproducción de cacicazgos,
juaniteos y mujeres que sin agenda de derechos para las mujeres ocuparon la
mitad de las candidaturas, requisito sin el cual los partidos no podían
registrar las planillas.
Y no
solo eso, un mes después es posible hacer balance de otro fenómeno que sucedió
en campaña y que hoy –a la distancia– se ve mucho más claro: la suplantación de
identidades para ganar candidaturas.
Desde
2021, las autoridades electorales definen criterios que garanticen la
postulación de personas integrantes de grupos históricamente excluidos que
mediante acciones afirmativas, buscan incluir a las personas con discapacidad,
de la diversidad sexual, migrantes, de pueblos originarios, afrodescendientes y
de las juventudes, buscando con ello que la democracia sea representativa y no
excluyente de su presencia, con voz y voto.
Hoy
tenemos claro que Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y
Zacatecas fueron las entidades en donde hubo mayor suplantación de la
identidad, lo que –en investigación publicada ayer por El Universal–
significaría que al menos 11 de las 65 personas que fueron electas para una
curul o escaño de la Legislatura que iniciará en septiembre, habrían suplantado
una acción afirmativa.
Cada
persona que arriba a una posición usurpando a un grupo históricamente
discriminado, le quita la posibilidad a éste de llevar al espacio público esa
representación y la agenda de temas que le son de urgente atención; lo que es
una vileza es que lamentablemente este engaño es efectuado con la aprobación de
los partidos, que se prestan al juego de postularles a sabiendas de que es solo
un vehículo para asegurar su acceso al puesto aspirado.
Siendo
la mía la agenda de mujeres, he sido muy enfática en defender el hecho de que
las posiciones de mujeres son para mujeres. Esta postura de ningún modo resta
ni minimiza los legítimos derechos de ser representadas a las personas de la
diversidad sexual, pero lamentablemente es utilizada por institutos políticos
que violentan a las mujeres y violentan a las personas de la diversidad,
usurpando identidades al postular supuestas transexuales mujeres, en agravio de
la agenda de ambos grupos.
En
específico, ocho mujeres supuestamente transgénero fueron postuladas y ganaron
como alcaldesas en Michoacán con identidades de hombre, lo que también ocurrió
en San Luis Potosí y Guanajuato: aparecen registrados como hombres, pero ocupan
posiciones de cuota de género de la diversidad sexual. Ya los tribunales
electorales investigan esos casos.
Este
hecho en sí mismo constituye un fraude a la Constitución que debería implicar
–desde luego– que esas personas que resultaron electas no ejerzan el cargo al
que fueron postuladas mediante engaños; pero además debería implicar sanciones
a los partidos que les postularon, que en este caso son todos. Absolutamente
todos.
Donde
los avances también han sido lentos es en la aplicación de la 3 de 3, que para
efectos electorales fue la 8 de 8 y que llevó de nueva cuenta a varios
impresentables a ser postulados –nada mejor para ilustrar esto que la nueva
postulación de Félix Salgado Macedonio–. Estos sujetos acosadores sexuales,
violentadores y deudores de pensión alimenticia no debieron ser postulados por
partidos que –también– deberían ser multados por este incumplimiento; pero por
lo pronto recibimos con satisfacción el saber que el Tribunal Electoral del Estado
de México revocó la constancia de mayoría al diputado federal electo por el
Partido Verde Ecologista Luis Alberto Carballo, por ser deudor alimentario.
Un
tercer rubro que amerita análisis con lentes violeta es el relativo a la
violencia política, misma que también se vio trasquilada por el imperio de los
“otros datos”, ya que pese a haber sido el proceso electoral más violento de
los últimos tiempos –en violencia hacia hombres y mujeres–, selectivamente la
autoridad de Seguridad Pública reconoce solo aquellos hechos violentos
ocurridos ya iniciada oficialmente la campaña, siendo que muchas de estas
acciones ocurrieron en precampaña, impidiendo incluso que varios candidatos
iniciaran sus labores de proselitismo.
El
Laboratorio Electoral registra que hubo en total 95 personas asesinadas, de los
cuales 78 eran hombres y 13 mujeres, 38 de los cuales eran aspirantes a una
candidatura. Los homicidios de personas candidatas son parte de 338 casos de
violencia electoral ocurridos entre el 4 de junio de 2023 y el 2 de junio de
2024, a lo cual se añaden 90 atentados, 134 amenazas y 20 secuestros.
Para
Veracruz, el saldo fue de dos candidatos asesinados y por lo que a mujeres
respecta, sigue ocupando el segundo lugar nacional en el Registro Nacional de
Agresores de Violencia Política.
Habiendo
hablado ya de cómo los todos los partidos intentaron incumplir con el principio
constitucional de paridad, y cómo también violaron la ley al sí postular
agresores, violentadores y deudores, toca el turno de voltear a mirar a quienes
ganaron –no tan solo a las mujeres, pero sí fundamentalmente a ellas– y
preguntarles ¿por qué un mes después de su triunfo, siguen sin presentar su
agenda de mujeres?
Y esta
pregunta también la planteo para el caso de Veracruz y su primera gobernadora.
@MonicaMendozaM