Una pésima administración
Una pésima administración
Por
Aurelio Contreras Moreno
Si
de algo se vanaglorian en su discurso todos los gobiernos surgidos del
lopezobradorismo es de aplicar medidas de “austeridad republicana” en todas las
áreas de la administración pública.
Lo
primero que sacan a colación son las reformas legales en materia de
remuneraciones de los servidores públicos, con las cuales se ha pretendido que
el sueldo asignado al Presidente de la República -de poco más de 131 mil pesos
mensuales- sea el parámetro para fijar el tope salarial de los funcionarios en
México.
Sin
embargo, además de la oleada de amparos que provocó esta medida por su
inconstitucionalidad, ha quedado evidenciado en más de un caso que dicha disposición
es una mera simulación, pues varios servidores públicos en México continúan
percibiendo ingentes emolumentos que superan a los del Presidente -como la
directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, que en su declaración
patrimonial de 2019 reportó más ingresos que el titular del Ejecutivo federal-
y que se alejan por mucho de la “austeridad republicana” que pregonan y que se
reduce a ser un mero ardid propagandístico.
Sin
embargo, bajo ese argumento la autodenominada “cuarta transformación” -que en
el colmo de la autocomplacencia y la megalomanía ya quiere hasta imponer su
culto en el calendario cívico- se ha dedicado a desmantelar instituciones, a
desaparecer programas que eran de enorme ayuda para sectores desprotegidos y a
destruir a su paso todo lo que puede y que no le sea atribuible a la “4t”.
En
ese tenor es que se dejó sin recursos a la atención de niños con cáncer en el
sector público de la salud, se desaparecieron las estancias infantiles, se
cortaron recursos para los albergues que brindaban atención a mujeres
violentadas y a las asociaciones que las apoyaban en tratamientos contra el
cáncer de mama, por mencionar algunos de los rubros de las políticas de
“ahorro” del gobierno federal, que replican todos los gobiernos estatales y
municipales afines a esta corriente política e ideológica.
Según
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esas directrices le significaron
al gobierno federal ahorros por cinco mil 942 millones de pesos durante el
ejercicio fiscal de 2019, lo que además habría representado una reducción en el
gasto público del orden de 43 por ciento respecto del año anterior.
Entonces
la pregunta obvia es ¿por qué no le alcanza el presupuesto para nada al
gobierno? ¿Por qué quitarle a las dependencias federales 75 por ciento de sus
recursos? ¿Por qué tiene que dictaminar disposiciones tan drásticas como
indignas, que van desde restringir a la burocracia el uso de instrumentos de
trabajo básicos como las computadoras, hasta “pichicatearles” el uso del agua
de los baños? ¿Por qué ahora los empleados gubernamentales tienen incluso que
hacer aportaciones “voluntarias” de su salario para “fondear” a un gobierno
evidentemente desfondado?
Entre
otras explicaciones, podríamos referir que porque no hay dinero que alcance
para financiar su costosísima operación de programas sociales clientelares, que
para 2020 contemplaban un gasto de 300 mil millones de pesos; o para el
obsoleto proyecto de refinería en Dos Bocas, que podría sangrar al erario hasta
por más de 190 mil millones de pesos hacia el final de su construcción y que
cuando se le cuestionó al presidente López Obrador sobre la posibilidad de
detenerlo a causa de la emergencia sanitaria – que
hasta la noche de este lunes ha provocado la muerte de 39 mil 485 mexicanos-,
éste dio una de esas respuestas que lo pintan de cuerpo entero: “¿de qué
quieren su nieve?”.
Pero
hay una inferencia que enmarca mucho mejor y en su conjunto las prácticas de la
“4t”: porque son pésimos administradores, que derrochan los recursos de los
mexicanos sin freno, sin rumbo y sin vergüenza.
Eso,
por cierto, también es corrupción.
