Vigilar, acosar y reprimir
Vigilar, acosar y reprimir
Por Aurelio
Contreras Moreno
La principal característica de todos los regímenes
autoritarios es la obsesión por mantener un control total sobre todos los
asuntos del país que gobiernan. Incluidos los de índole privada de sus
ciudadanos.
De esa forma, esos regímenes -que por definición son
antidemocráticos y por ende represivos- están en capacidad de identificar
cualquier asomo de disenso para neutralizarlo, cuando no para aplastarlo en el
más literal y violento de los sentidos.
La información privada y los datos personales de los
ciudadanos son sin duda uno de los bienes más preciados del mundo en la
actualidad. Pueden revelar aspectos tan detallados y sensibles como la intimidad
de sus propietarios y la de sus familiares y amigos, sus afecciones, sus
preferencias, sus costumbres, sus debilidades. Prácticamente, la vida misma.
Por ello su manejo y resguardo es tan importante y se
considera una prioridad en cualquier país que se precie de ser medianamente
democrático y defensor de valores como la libertad como un derecho fundamental
de los seres humanos, ya que en manos irresponsables su mal manejo puede
provocar daños incuantificables en la vida de las personas, que atenten incluso
contra sus garantías básicas y su integridad.
De un tiempo a la fecha, diversas aplicaciones tecnológicas
e incluso las plataformas de redes sociales solicitan a sus usuarios
información personal conocida como “datos biométricos”, lo que
incluye “características
físicas, fisiológicas o conductuales de una persona, que
posibiliten o aseguren su identificación única”, de acuerdo con la definición
del Reglamento General de
Protección de Datos europeo.
Según las características individuales físicas y
fisiológicas, se incluyen entre estos datos la huella dactilar, el
reconocimiento facial, de retina, de iris y vascular, así como la geometría de
la mano. De acuerdo con características del comportamiento y la
personalidad, se consideran como tales el reconocimiento de firma, de
escritura, de voz, de escritura de teclado y hasta de la forma de andar.
Si bien la entrega de esta información a las empresas
privadas que la solicitan para prestar sus servicios representa una tremenda
merma en términos de privacidad personal, a final de cuentas se da por elección
y decisión de quien opta utilizarlas, con todo y lo cual varios casos se han
documentado sobre un uso abusivo de estos datos que ha llevado a entablar
querellas judiciales internacionales.
Hace poco más de un año, a principios de 2020, la
Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano pidió al Instituto Nacional
Electoral los datos biométricos de los 90 millones de ciudadanos que en
promedio integran el padrón electoral del país. El argumento fue la creación de
una cédula de identidad única para la población.
El INE
rechazó entregar la información en su poder, consistente en las huellas
dactilares, las fotos de filiación y el domicilio de los ciudadanos, pues
constituiría una vulneración de los datos personales entregarlos sin la autorización
expresa de sus propietarios. Luego de generar una controversia –la primera de
muchas contra el órgano electoral-, el gobierno desistió de su intentona. Más
no de su objetivo.
Este martes, el Senado de la República –con el voto
mayoritario de Morena y sus “satélites”- aprobó una reforma a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión -que para muchos es claramente
inconstitucional-, en la que se obliga a los usuarios de la telefonía móvil a
entregar datos biométricos como la huella dactilar, el iris ocular, las facciones
del rostro, el tono de voz y su firma.
¿El pretexto? La integración de un Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil para el supuesto combate a los delitos de extorsión
y secuestro. Una verdadera falacia, pues los delincuentes no usan aparatos
registrados a su nombre para cometer actos delictivos, sino desechables -en el
mejor de los casos- o robados, con lo cual quienes terminarían siendo
responsables e imputados serían los usuarios a quienes les hubiesen sustraído
sus dispositivos telefónicos.
Pero a lo que en realidad apunta el régimen
lopezobradorista –y para lo cual contó con el apoyo de varios legisladores del
PRI, para no variar- es a la creación de una especie de “big brother” de corte
orwelliano para vigilar, acosar y reprimir. Nada más hay que observar su
deplorable comportamiento en pleno proceso electoral para constatar para dónde
van.
Si no es esto signo de una autocracia, cada día se le
parece más.
