Violencia de Estado en Veracruz
Violencia de Estado en Veracruz
Por Aurelio
Contreras Moreno
El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez va que
vuela para convertirse en el más represor de los últimos 20 años. Y vaya que
esa vara la tenía alta.
A macanazo limpio, su policía se ha dedicado en las últimas
semanas a coartar cualquier expresión de protesta social o política, en una
actitud más cercana a la de los gobiernos bananeros sudamericanos de los 70 que
a la de una administración supuestamente progresista y respetuosa de los
derechos fundamentales, como presume ser en general el régimen de la
autoproclamada “cuarta transformación”.
La policía al mando del secretario de Seguridad Pública
Hugo Gutiérrez Maldonado lo mismo agrede y detiene maestros que a pobladores de
municipios serranos, quienes protestan por diferentes causas y lo único que
logran como respuesta es la “ley del garrote” con la que el gobierno estatal de
Morena ha decidido darse a “respetar”.
En menos de tres días, la policía estatal se dio vuelo
contra decenas de veracruzanos. Lo mismo arremetió contra habitantes del
municipio de Maltrata, ubicado en una región asolada por el crimen organizado,
que contra pobladores de Comapa, en la zona de las altas montañas, también infestada
de delincuentes.
En Maltrata protestaban por el plagio de un joven y, si
bien algunos portaban armas –a ese extremo hay que llegar ante la ausencia de
garantías de seguridad en la entidad-, no agredieron a nadie.
En Huatusco, los habitantes del vecino municipio de Comapa
se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía Regional para exigir la
liberación de un joven detenido por la misma policía, que para “dialogar” lanzó
gases lacrimógenos y toletazos a discreción contra los inconformes, entre los
que se encontraban menores de edad. Hasta a los reporteros que cubrían los
hechos les tocó su “tanda” de macanazos.
La violencia y los abusos policiacos han tomado carta de
naturalización en Veracruz desde que en el Congreso del Estado se aprobó la
reforma al Código Penal que da a los elementos de seguridad pública la potestad
de detener a quien se les ponga enfrente bajo el cargo de “ultrajes a la
autoridad”, tipo penal violatorio de los derechos humanos que por eso mismo ha
recibido múltiples condenas de parte de asociaciones civiles, profesionales del
derecho y defensores de garantías individuales. Mismas que el gobierno de
Cuitláhuac García simplemente ni ve, ni se digna a oír.
En ese sentido, no sorprenden los resultados reflejados por
el Índice
de Estado de Derecho en México 2020-2021 de World
Justice Project, organismo que durante más de una década ha aplicado encuestas
en más de 120 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de
adhesión al Estado de Derecho, “a partir de las experiencias y percepciones de
las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad,
victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia”, según se refiere
en el resumen ejecutivo del estudio.
De
acuerdo con este reporte, en el último año Veracruz retrocedió cuatro lugares
en los índices de adhesión al Estado de Derecho, ubicándose en la posición 26 entre
los 32 estados de la República con un puntaje de 0.37, donde 1.0 indica el
mayor respeto a la legalidad.
Pero
al acudir al análisis por factores particulares, el desempeño de la entidad es
simplemente desastroso. En materia de límites al
poder gubernamental se ubica al fondo de la tabla, ocupando el lugar 32 entre
todas las entidades federativas. O sea, el último. Lo que habla de un gobierno fuertemente
autoritario, como ha quedado de manifiesto en su respuesta a cualquier
expresión de protesta social. Pero no es lo peor.
La entidad también ocupa el último lugar nacional en
materia de justicia penal y derechos fundamentales. Y se encuentra en el lugar
30 en el rubro de justicia civil, de acuerdo con este ranking.
Y por si algo faltara, en el rubro referido a la principal “bandera”
de los gobiernos de la llamada “cuarta transformación”, Veracruz también ocupa
un lugar bajo, mediocre: se ubica en el puesto 24 en el índice de ausencia de
corrupción. Ellos, los “honestos”, juran.
Y apenas estamos por ver hasta dónde están dispuestos a llegar
para retener el poder como sea en lo que resta de esta semana.
