Agencia Reforma
Chilpancingo, Guerrero 24 octubre 2026.- Los pobladores de la Sierra de Guerrero están atrapados entre la marginación y la violencia de grupos criminales.
Pese a que en octubre de 2022 fue reconocida oficialmente como la octava región del estado, sus habitantes denuncian que no han recibido los servicios públicos ni la seguridad prometidos por la Gobernadora Evelyn Salgado.
“En este Gobierno no hubo resultados, nos hacen falta caminos, no hay escuelas, clínicas de salud y ahora estamos peor con los ataques de las organizaciones criminales”, señala una autoridad ejidal, quien pide omitir su nombre por razones de seguridad.
La zona comprende mil 287 comunidades de 14 municipios, con alrededor de 145 mil habitantes.
“No hay caminos en buenas condiciones; hay escuelas y centros de salud cerrados”, afirma Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, quien acusa a las autoridades de mantener abandonadas a las comunidades mientras los grupos criminales amplían su presencia.
En septiembre, ocho personas, incluido un niño de 12 años, fueron secuestrados por presuntos miembros de La Familia Michoacana en el ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso. El menor fue liberado el 1 de octubre y seis de los siete adultos restantes regresaron el día 16. Domingo Atanacio Quirino continúa desaparecido.
De acuerdo con la versión del párroco y director del Centro de Derechos Humanos “Minerva”, Filiberto Velázquez Florencio, las siete personas liberadas la semana pasada dijeron que había más de 100 personas que estaban en cautiverio.
Además, en días recientes se registró un éxodo en cinco comunidades de Zihuatanejo de Azueta, donde decenas de familias abandonaron casas, huertas y parcelas tras recibir amenazas de una organización criminal que pretendía obligar a los hombres a colaborar con ella.
“Preferimos salirnos de nuestros pueblos antes de apoyar a esas personas que nos tienen amenazados”, relató uno de los desplazados. Otro describió las localidades abandonadas como “pueblos fantasmas”.
En la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, quedó abandonada la construcción de una escuela de telebachillerato en junio de 2026. Mientras tanto, los estudiantes toman clases en una galera acondicionada por sus padres.
En esa localidad, la falta de infraestructura se combina con el temor a nuevos ataques, tras el registrado en diciembre de 2022, cuando presuntos integrantes de La Familia Michoacana asesinaron a siete personas, entre ellas un adolescente. Los agresores concentraron a pobladores en la escuela primaria y les dispararon.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos contabilizó hasta 2025 alrededor de 22 mil personas desplazadas en Guerrero por la violencia y los conflictos religiosos.
