Y el acoso sigue
Números
Rojos
Brenda Caballero
Hablar de acoso sexual puede ser fácil; sentirlo en carne propia es
demoledor. Más cuando el acosador o la acosadora (porque también hay mujeres
que lo ejercen, como en la Subdelegación Administrativa del Issste) se
encuentran presentes en el mismo espacio laboral, en el espacio público.
Tener que levantarse y asistir todos los días al área de trabajo donde
ya se te acecha, se te espera para ofenderte, humillarte e intimidarte con
contacto físico innecesario, miradas lascivas, comentarios, bromas, gestos,
todos de índole sexual y hasta petición de favores sexuales hacen que sean
violados nuestros derechos fundamentales como trabajadoras y trabajadores,
seamos violentadas o violentados, constituyendo un problema de salud y
seguridad en el trabajo, además de una inaceptable situación social.
¿Quiénes lo ejercen? Los y las que se sienten protegidos, con poder y
por supuesto quienes ignoran que la ley garantiza la igualdad y sanciona la
violencia o a quienes aun sabiéndolo, creen que gozan de impunidad.
Las comparecencias de las Dependencias del Gobierno del Estado de
Veracruz ante el Congreso del Estado, aparte de mostrar el buen o mal trabajo
desempeñado por sus titulares, han servido para desnudar los 9 presuntos casos
de acoso sexual en el interior del Gobierno Estatal.
Sí, 9 casos, a pesar de tener implementado el Protocolo de Atención y
Prevención contra el Acoso y el Hostigamiento en la Administración Pública,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020 que
dentro de sus considerandos dice: “…establece que todas las autoridades del
Estado mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a éstos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, además de
declarar que la mujer y el hombre son iguales ante la ley…”
En el mismo Considerando el sexto párrafo dice: “Que el 25 de julio de
2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
recomendó al Estado mexicano, en sus Observaciones Finales sobre el Noveno
Informe Periódico de México, alentar a las mujeres a denunciar los incidentes
de violencia de género, y asegurarse de que las mujeres víctimas de violencia
tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y se garanticen que todos los
casos de violencia de género se investiguen eficazmente, así como que los
autores sean enjuiciados y castigados como corresponda…”
Las mujeres han denunciado, tal como lo marca el protocolo, pero ¿Qué
esperan las autoridades para enjuiciar y castigar al acosador? ¿De verdad gozan
de tanta protección e impunidad? ¿Por qué?
Lo más preocupante es que esos acosos sexuales y laborales se están dando
en la Secretaría de Gobierno, tal y como lo diera a conocer la diputada Anilú
Ingram Vallines durante la comparecencia del Secretario de Gobierno Eric
Cisneros Burgos, el que por cierto no ha dicho mucho al respecto a pesar de ser
el encargado de las políticas públicas en favor de las mujeres veracruzanas. No
olvidemos que el Instituto Veracruzano de las Mujeres depende de la misma
Secretaría de Gobierno.
Dijera el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador: Al margen de la
ley, nada; por encima de la ley, nadie. ¿Entonces, qué pasa allí?
@NumerosRojos_BC