BITACORA POLITICA HORIZONTAL
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Por Miguel Ángel Cristiani G.

Hay gobiernos que creen que cambiando las palabras cambian la realidad. Los apagones dejaron de llamarse apagones para convertirse en “interrupciones del servicio eléctrico”. Como si el refrigerador volviera a enfriar por arte de semántica, el aire acondicionado reiniciara por decreto o los negocios recuperaran las ventas perdidas porque un funcionario decidió maquillar el diccionario.

La realidad, sin embargo, tiene la mala costumbre de imponerse sobre el discurso oficial.

Más de una veintena de estados del país han padecido fallas recurrentes en el suministro eléctrico durante los últimos meses. La Comisión Federal de Electricidad insiste en atribuirlas a fenómenos climatológicos, altas temperaturas o incrementos extraordinarios en la demanda. Todos esos factores existen. Lo que no se dice con la misma claridad es que un sistema eléctrico sin mantenimiento termina reaccionando exactamente como cualquier infraestructura abandonada: colapsando.

Los transformadores no explotan porque sí.

Los equipos de distribución tienen vida útil, requieren inspecciones, sustitución de componentes, mantenimiento preventivo y modernización permanente. Cuando esas inversiones se postergan durante años, la factura termina pagándola el ciudadano, no la burocracia. La paga en alimentos echados a perder, en negocios cerrados, en hospitales que dependen de plantas de emergencia y en miles de hogares que viven horas enteras sin electricidad mientras escuchan explicaciones cada vez menos convincentes.

Por eso resulta revelador lo ocurrido esta semana en Xalapa durante la reunión entre alcaldes veracruzanos, la gobernadora Rocío Nahle García y directivos de la CFE.

No porque se haya descubierto el problema.

Sino porque, finalmente, alguien comenzó a hablar de soluciones concretas.

El alcalde de Alvarado, Alberto Ángel Cobos, informó que la CFE ejecutará seis obras de infraestructura eléctrica con una inversión superior a tres millones de pesos. A ello se suma el reemplazo de 78 postes, diez kilómetros de cableado, nuevos transformadores y líneas de conducción que beneficiarán a comunidades como Mata de Uva, Alto Pizarro, Bilbao, Paso Nacional, Escolleras y Arbolillo.

La pregunta resulta inevitable.

Si hoy es indispensable cambiar postes, cableado, transformadores y líneas completas, ¿en qué estado se encontraba realmente esa infraestructura? Porque nadie sustituye decenas de kilómetros de red eléctrica cuando todo funciona correctamente.

Las propias obras constituyen, sin necesidad de discursos, el reconocimiento más contundente de que el sistema requería una intervención profunda.

Durante años se privilegió el anuncio sobre la conservación. Es políticamente más rentable inaugurar una obra nueva que cortar el listón de un programa de mantenimiento. El problema es que los transformadores no entienden de propaganda. El cobre no distingue colores partidistas. Las líneas de conducción tampoco votan.

Simplemente se deterioran.

Y cuando se deterioran, el costo alcanza a todos.

El caso de Veracruz ilustra un problema nacional. La red eléctrica mexicana fue diseñada bajo condiciones de demanda muy distintas a las actuales. El crecimiento urbano, la expansión industrial y el aumento sostenido del consumo exigen inversiones permanentes que no pueden seguir posponiéndose cada sexenio mientras los gobiernos celebran cifras de generación o anuncian megaproyectos.

La electricidad no depende únicamente de producir más energía.

Depende, sobre todo, de poder distribuirla de manera eficiente.

No basta con presumir soberanía energética cuando miles de familias permanecen horas sin luz cada semana. La verdadera soberanía comienza cuando el servicio funciona con regularidad y deja de convertirse en motivo cotidiano de quejas ciudadanas.

Lo ocurrido en Alvarado demuestra otra realidad: cuando los alcaldes exponen el problema de frente y existe coordinación institucional, aparecen recursos, cuadrillas y obras. Eso debería ser la regla y no la excepción.

Porque la ciudadanía no exige privilegios.

Exige un servicio por el que paga puntualmente.

Y merece algo más que comunicados oficiales donde los apagones desaparecen por decreto para transformarse en simples “interrupciones temporales”.

La electricidad no entiende de eufemismos; cuando el mantenimiento se sustituye por propaganda, la oscuridad termina iluminando la verdadera dimensión de la negligencia gubernamental.