DE PAGOS Y COSTOS
Walter Olivera Valladares / @WalterOliverav
Tal y como se esperaba, más de la mitad de los congresos locales aprobaron en tiempo récord el denominado Plan B de la reforma electoral con lo que en apenas 12 horas alcanzó la mayoría para su validez constitucional.
Aprobada sin la revocación de mandato, esta modificación contempla –entre sus principales puntos– ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, en los presupuestos de los congresos locales, así como topes salariales a funcionarios electorales.
Con la declaratoria formal en el Senado y la correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrarían en vigor medidas de austeridad tales como la reducción de sueldos y limitación del número de regidores, lo que significaría una disminución en el gasto de organización de las elecciones del 2027 o al menos esa es la pretensión.
Al 13 de abril, cuando redactábamos esta columna, 21 legislaturas estatales ya habían aprobado la modificación constitucional, más de las 17 requeridas. Entre los primeros en avalarla contamos los estados de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Ciudad de México. Luego Tamaulipas, Guerrero, Colima, San Luis Potosí, Estado de México, Yucatán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Campeche.
En apego a principios de austeridad, se establece que los ayuntamientos tendrán como máximo 15 regidurías, electas bajo los principios de paridad de género; además el presupuesto de las legislaturas locales no excederá el 0.70% de los egresos de la entidad respectiva.
Destacan también los límites a las percepciones de altos mandos electorales (consejeros y magistrados) cuyas remuneraciones no deberán rebasar la de la titular del Poder Ejecutivo Federal.
En su momento se ha dicho que estas medidas administrativas buscan ahorrar al menos 4 mil millones de pesos para fortalecer la racionalidad en el ejercicio del gasto público. Sin embargo, en lo relativo a la organización de sus comicios México mantiene uno de los sistemas más costosos.
Periódicamente los partidos reciben miles de millones de pesos provenientes del presupuesto federal. Tan sólo para 2026, por ejemplo, el financiamiento público aprobado a los institutos políticos supera los 7 mil 700 millones de pesos.
Si a lo anterior añadimos los recursos a campañas, fiscalización, encuestas, propaganda y organización del proceso. Entonces los costos operativos desde las boletas, casillas, material diverso, capacitación de funcionarios electorales, logística y conteo de sufragios, la cifra rebasaría sin problema los 15 mil millones de pesos.
Esto nos pone en el contexto del enconado debate que provocaron las medidas reformistas. Mientras el argumento oficial es cumplir con la añeja demanda del electorado: reducir gastos y hacer más eficiente la estructura electoral, la oposición ve implicaciones de competencia desigual y riesgo de desequilibrio institucional.
Lo cierto es que las reglas del juego cambian y más allá del dinero y los posicionamientos políticos, en los comicios de mitad de sexenio los ciudadanos no sólo votarán por colores y personajes, lo harán sobre todo para calificar al Estado y su capacidad de responder a las problemáticas de país.
