EL INFORME DE MARTÍN AGUILAR: CRÓNICA DE UNA LEGITIMIDAD IMPOSTADA

¿De qué sirve rendir un informe si la comunidad universitaria no confía en quien lo presenta? Esa es la pregunta que se impone a la víspera del IV Informe de Labores del rector Martín Aguilar Sánchez, programado para este 27 de agosto en la Sala Tlaqná de la Universidad Veracruzana (UV). Lo que debería ser un acto solemne de rendición de cuentas ante el Consejo Universitario General, corre el riesgo de convertirse en un espectáculo diseñado para maquillar una prórroga que buena parte de la comunidad percibe como ilegal, ilegítima y contraria al espíritu universitario.

No se trata de un capricho ni de un berrinche estudiantil, como algunos intentarán presentarlo. La inconformidad que ha motivado la convocatoria de la Red de la UV por la Legalidad tiene raíces profundas: la extensión del mandato rectoral más allá de lo previsto en la normatividad universitaria, una decisión que huele más a maniobra política que a reforma legítima. La universidad pública, conviene recordarlo, no es propiedad privada de sus autoridades en turno, sino un bien social cuyo gobierno debe ajustarse a la transparencia, la legalidad y el consenso.

El contraste entre el discurso y la realidad será evidente mañana. Mientras adentro de la Sala Tlaqná se desplegará un evento cuidadosamente orquestado —con invitados especiales, acarreados y controles estrictos de acceso para blindar a los inconformes—, afuera resonará la protesta de académicos, estudiantes y trabajadores que se niegan a convalidar lo que consideran un atropello. Se han convocado lonas, pancartas y vestimenta negra como símbolos de duelo por la institucionalidad universitaria mancillada.

No es la primera vez que en la UV se vive esta tensión entre la comunidad y la rectoría. La historia universitaria está marcada por episodios de resistencia contra los intentos de perpetuación o manipulación de las normas internas. Desde los movimientos estudiantiles de los setenta, pasando por las pugnas sindicales y las reformas estatutarias discutidas con desdén, hasta las actuales manifestaciones, la universidad ha sido un termómetro de las libertades y, también, de los abusos. Cada generación ha debido recordar a las autoridades que el poder rectoral no es vitalicio ni monárquico, sino estrictamente acotado.

El fondo del asunto es más grave que un simple acto protocolario. Lo que se juega aquí es el principio de legalidad dentro de la máxima casa de estudios de Veracruz. Si en la universidad se relativiza la ley, si se normaliza la arbitrariedad y se sofoca la disidencia con puertas cerradas y accesos controlados, ¿qué mensaje se transmite a los jóvenes que ahí se forman? La universidad, por definición, debería ser el espacio donde florece el debate crítico, no donde se clausura bajo la lógica de la conveniencia política.

El rector Aguilar podrá ofrecer cifras, logros académicos y proyectos culturales en su informe; podrá presumir reconocimientos y alianzas institucionales. Pero todo ello quedará en entredicho si el acto mismo que preside se percibe como una puesta en escena para revestir de legitimidad una prórroga cuestionada. La credibilidad, en política como en academia, no se fabrica con discursos ni con cenas posteriores: se construye con respeto a las reglas, apertura al diálogo y congruencia ética.

La manifestación pacífica convocada por la Red de la UV por la Legalidad es, en este contexto, un ejercicio cívico imprescindible. No se trata de un linchamiento, sino de un recordatorio: la universidad pertenece a la sociedad, no al capricho de un rector ni a las complicidades de un consejo dócil. Vestirse de negro mañana será un acto simbólico, pero cargado de dignidad: el duelo no es solo por la legalidad violentada, sino por la esperanza de que la UV vuelva a ser un espacio de libertad crítica, no un escenario de legitimaciones impostadas.

Al final, el verdadero informe no será el que se lea en el podio ni el que aplaudan los invitados en la Tlaqná. El verdadero informe será la expresión de la comunidad universitaria en las calles, con pancartas y consignas, reclamando algo tan elemental como el respeto a la ley. Porque si la universidad pública pierde su legalidad, pierde también su alma.