El Manejo Impune de los Recursos Públicos
El Manejo Impune de los Recursos Públicos
Desvío de recursos, una práctica que
desgraciadamente ha persistido a lo largo de la vida pública de cualquier país;
muy a pesar de los esfuerzos por prevenirla, combatirla y sancionarla, lo
cierto es que cada vez nos damos cuenta que cuanto más se fortalece el Estado,
aparecen nuevas y novedosas formas de llevar a cabo una malversación de los
recursos públicos; inconcebible pero cierto.
Para muestra, Veracruz se ha convertido, gracias al sexenio de Javier Duarte, en ejemplo nacional de impunidad, corrupción y manejo discrecional de los fondos públicos. Es muy lamentable que en su tiempo, tuviera que ser el medio de comunicación Animal Político, quien destapara la cloaca publicando la existencia de 73 contratos para 21 empresas fantasma, que involucraba a cuando menos 4 dependencias estatales, las cuales operaban y circulaban entre ellas más de 645 millones de pesos entre el 2012 y el 2014.
Ante la presión social y política, el
Servicio de Administración Tributaria, realizó una investigación que concluyó
con la ubicación de 33 empresas que no pudiera acreditar su constitución legal,
a las que el Gobierno de Veracruz había otorgado contratos por más de 3 mil 300
millones de pesos. En respuesta, la Auditoría Superior de la Federación
promovió 47 denuncias ante la Procuraduría General de la República, producto de
la revisión al periodo de 2011 a 2014, en la que detectó un presunto daño
patrimonial por 12 mil millones de pesos.
Como resultado, la aprensión del ex Gobernador
Javier Duarte y un par de prestanombres en 2019; sin embargo, al finalizar el
juicio en 2020, sólo le fue aplicada una sentencia de 9 años de prisión y una
multa por 58 mil 890 pesos, sanción que aún se encuentra por causar estado,
toda vez que Duarte interpuso un juicio de amparo por considerar que la
presentación de pruebas en su contra fue obtenida de forma ilegal. De la
reparación del daño y el resarcimiento de los recursos públicos ni hablamos, ya
que el juez de control en materia penal consideró que con la incautación de 40
bienes se daba por concluido el tema.
Otros dos involucrados de la administración
Duartista fueron Arturo Bermúdez, a quien se le imputó un desvío de 153.3
millones pesos y Carlos Aguirre, a quien se le denunció por la malversación de
203 millones de pesos; en ambos casos, ni se les ejecutó acción penal, ni mucho
la obligación para resarcir los recursos, los cuales, simplemente no están.
Ante el inicio próximo de las
administraciones municipales, el reto es identificar, como primera acción, el
estado de los recursos públicos que les son entregados, pero más allá de ello, deben
asumir el compromiso de administrar, aplicar, comprobar y justificar
correctamente la aplicación de los recursos, destinándolos para los fines que
son autorizados, para que en consecuencia, se alcancen los objetivos trazados.
En que este escenario ¿qué hacer?, en primer lugar, educar a mujeres y
hombres con valores morales y éticos bien cimentados que ante la presencia de
una situación ilícita su elección siempre sea no; dotar de autonomía plena a
los entes fiscalizadores, libres de presiones políticas y con personal
totalmente capaz y profesional; fortalecer los controles en el ejercicio de los
recursos públicos, con reglas de operación claras y transparentes, pero a la
vez, estrictas y blindadas; mejorar la normatividad aplicable como el Código
Penal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de
Fiscalización y la misma Constitución, con la finalidad de evitar y sancionar
la corrupción, para que ningún delito cometido por servidores públicos, quede
totalmente impune
