En Veracruz, ¿Gobernabilidad en Crisis?
Por Armando Antonio Rangel González
En los últimos siete meses, innumerables acontecimientos político-sociales han marcado el inicio de la presente administración estatal, algunos de ellos totalmente impensables por la forma tradicional de hacer política en Veracruz, es decir, a la vieja escuela priista que por 60 años gobernó e incluso con la fallida transición panista que no logró consolidarse en el mini gobierno de 2 años.
La presente transición del Poder Ejecutivo en el Estado – teniendo por primera vez a la cabeza a un gobierno emanado de una coalición de izquierda, encabezada por Morena y sus aliados del PT y PES – ha roto con paradigmas establecidos, reglas del servicio público no escritas, costumbrismos, algunas malas prácticas y diversas disposiciones que se habían adoptado en el arte de gobernar.
Sin duda que este cambio o transición, producto de la cuarta transformación como es concebida, ha traído consigo una muy diversa serie de reacciones, tanto externas como hacia el interior del propio gobierno estatal, las cuales el Gobernador y su equipo cercano no tenían contempladas; pero también es cierto, que algunas de ellas, han sido manejadas de forma inapropiada, evidenciando con ello inexperiencia, incapacidad y negligencia en algunos de los colaboradores ubicados en todos los niveles, lo que ha generado conflictos con un alto costo político e incluso personal para el propio Gobernador.
Una de las primeras decisiones cuestionables del Gobernador fue el haber elegido a un equipo de trabajo, en su mayoría, faltos de experiencia y trayectoria en el sector público; si bien es cierto, fue gente que lo acompañó en sus dos campañas a la gubernatura, no hay que dejar de lado que una cosa es hacer política y otra muy diferente es administrar recurso público, donde existen leyes, reglas y lineamientos, algo que muchos personajes en el gabinete estatal han pasado por alto. No es lo mismo jugar al político, que jugar y apostar con el dinero de los veracruzanos y comprometer el futuro del Estado.
Otro tema que ha marcado estos siete meses para la administración estatal, incluso en la actualidad, ha sido la guerra enfermiza en contra del Fiscal General del Estado; en este sentido, el Gobernador inicio con la primera declaración de separación entre poderes, argumentando la autonomía de la propia Fiscalía, segundándolo el Secretario de Gobierno, quien a tiro por viaje lleva más de 5 meses declarando y operando la remoción del Fiscal, suceso que a pesar de tener supuesta mayoría en el Congreso del Estado, fue evidente la división de intereses, pero además, deja en evidencia el escaso control político para el manejo de encomiendas, aunque otros las definiría como consignas incuestionables, para las y los Diputados Locales.
Pero pasemos a otro tema que está siendo ya, “una piedra en el zapato”, como coloquialmente se dice, y que ha cobrado una fuerza inmensurable, sobre los supuestos casos de nepotismo que se presentan en el gabinete estatal. En primer lugar, el protagonizado por la Secretaria del Trabajo, quien propuso y dio de alta a su hija en el Departamento Jurídico de tal dependencia, algo que no solo careció de conocimiento, capacidad e interpretación de las leyes, sino que además, se puede considerar como una afrenta hacia el Gobernador, ya que careció de todo tacto y ética política, con un alto costo para la administración y el propio mandatario estatal.
En mismo tenor de ideas, y que ha sido un tema ventilado incluso a nivel nacional por habérsele cuestionado el Presidente de la República en una de sus conferencias mañaneras, se trata del supuesto nepotismo que existe entre el Gobernador del Estado y su aparente parentesco con el Subsecretario de Finanzas y Administración de la SEFIPLAN. En el curso de esta novela, diversos actores han solicitado una aclaración y en su caso, de demostrarse tal acción, la debida sanción a los responsables de haber permitido este ilícito, situación que no deja bien posicionada a la Contralora del Estado, quien en una primera instancia resolvió que no existían elementos fehacientes para declarar procedente el caso de nepotismo; situación que cambió una vez que se dieran a conocer documentos personales que tal parece pueden revertir la decisión.
En otro orden de ideas, si bien es cierto el tema de la inseguridad no es imputable directamente a la presente administración estatal, ya que la ola de eventos violentos se presentan a nivel nacional, las estadísticas oficiales – no se sabe si las mismas que el Presidente de la República y el Gobernador del Estado tienen, ya que se han escudado en su ya compartida frase “yo tengo otros datos” – sitúan a Veracruz entre los primeros lugares en diversos rubros. Lo mencionamos porque desgraciadamente la violencia en el Estado se ha recrudecido y no mengua en diversas regiones, donde incluso, la población ha mostrado su organización (autodefensas no reconocidas) para proteger a sus familias y sus bienes, situación que sin lugar a dudas, a pesar de ser cuestionables los motivos de su origen, es una práctica totalmente fuera de la Ley.
Producto y como efecto del grado de inseguridad que vivimos, en meses pasados aconteció el lamentable asesinato de la Presidenta Municipal de Mixtla de Altamirano y su esposo, suceso que a pesar de que fue perpetrado en un municipio ajeno, actualmente el Gobierno del Estado ha ejercido acciones específicas en contra del Ayuntamiento, las cuales si bien es cierto han estado apegadas a la Ley, el Gobernador está enganchándose, más bien ya lo engancharon, en procedimientos que no lo posicionan del todo, ya que si se le acepta al Gobernador su argumento de suspender los poderes del municipio de Mixtla de Altamirano, por el grado de violencia, delincuencia e inseguridad que se vive, muy a pesar de que en las investigaciones fueron exonerados los elementos de la policía municipal, entonces como un sentido de congruencia nos preguntamos, si existen otros municipios con un grado superior de violencia e inseguridad, ¿Por qué no intervenirlos de la misma forma? ¿Cuántos serían? ¿Qué opinarían sus Cabildos?.
Lo cierto es que la población de Mixtla de Altamirano ha tomado el Palacio Municipal como medida de rechazo a la instalación, por parte del Congreso del Estado, de su Concejo Municipal y la separación de la Presidenta Municipal Suplente, la cual ya se encontraba en funciones. Esta situación ha sido manejada de forma incorrecta, políticamente hablando. A estos hechos en el ámbito municipal, se suma la exigencia del Presidente Municipal de Pajapan, quien acudió la semana pasada a Palacio de Gobierno para demandar obras públicas, pero desafortunadamente, otra vez, fue manejado como se dice políticamente incorrecto, toda vez que fueron recibidos y tratados como delincuentes por parte del cuerpo de seguridad del Palacio, por lo que los habitantes de Pajapan, al no escuchar eco a sus demandas y por el trato recibido, decidieron tomar los pasillos de las oficinas de gobierno como una medida de protesta y en señal de rechazo al mal trato, insensible, inhumano y sin tacto político por parte de los allegados o enviados por el Gobernador del Estado.
Cada uno de estos acontecimiento, independientemente del costo político para el Gobernador del Estado y su administración, muestran una crisis de gobernabilidad en Veracruz, un hecho que sin duda no puede permitirse, pero que de no hacerse algo en la inmediatez, provocaría un crisis mayor en gran parte de los sectores productivos del Estado, poniendo en jaque a muchas de las actividades que nos colocan como un Estado indispensable para vida productiva del país. La gobernabilidad es un aspecto indispensable para una sana convivencia entre gobierno y gobernados, pero exige en todo momento, conocimiento, experiencia y trayectoria en el servicio público, además de una buena dosis de tacto y sensibilidad política en el actuar de los servidores públicos.
El presente comentario lo he realizado a título personal y tiene como finalidad mostrar la realidad que se percibe desde mi óptica, por lo que los puntos de vista vertidos con únicamente responsabilidad de mi persona. Como comentario final, espero y deseo que el Gobernador del Estado, su equipo cercano y cada uno de las y los servidores públicos que laboran en la administración estatal decidan simplemente “hacer lo correcto”.