Fin de régimen: ¿nueva estrategia?

Pedro Peñaloza

1. Los estertores. El novel secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha lanzado una ofensiva a la delincuencia, que según él busca “saber si hay estructuras o elementos de protección y proceder a su depuración”. En efecto, habla de hacer un diagnóstico de los cuerpos policiacos civiles. Sin duda alguna, es de agradecerse que el nuevo inquilino del antiguo Palacio de Cobián tenga esa sana intención, sin embargo, olvida que ya existen múltiples diagnósticos oficiales y de organismos no gubernamentales que indican el deterioro de los cuerpos policiacos.

Navarrete aseguró que en los últimos días de enero “prácticamente no hubo asesinatos dolosos en Chilpancingo, Cancún, los Cabos y Ciudad Juárez, y sólo uno en Colima, entidad de la que se consideraron tres municipios para esta ronda de operativos: la capital, Manzanillo y Tecomán, la alcaldía con el mayor número de asesinatos per cápita durante 2016-2017” (La Jornada, 02/02/18, p.3).

El ex procurador mexiquense cuidó sus despropósitos efectistas y señaló, para tranquilidad de la ciudadanía, que, “sin que esto signifique un resultado final, porque no lo es, ni lo podríamos asegurar, desde el despliegue de este operativo hasta el momento, prácticamente en estos puntos no ha sido cometido homicidio doloso alguno. Quizá uno en Colima”, subrayó (ídem).

No deja de sorprender que el secretario de Gobernación se atreva a afirmar que con las acciones de cuatro días se puede señalar algún avance. Quizá lo que pretende este funcionario es contrastar su actuación con la de su antecesor, Osorio Chong. Claro, esas son pequeñas disputas de burócratas sedientos de reflectores, pero, muy limitadas para los retos que demanda la crisis sistémica de la llamada seguridad pública.

2. Diagnóstico equivocado, desperdicio de recursos. El corazón de los problemas de inseguridad pública en México están localizados en la notable ausencia de una política interdisciplinaria y multifocal.  Evidentemente, los datos fríos han corroborado que las políticas actuales sólo han servido para dilapidar recursos públicos y aparentar la acción del Estado frente a la criminalidad. De nada han valido los pírricos saldos obtenidos para lograr disminuir las violencias y los delitos. De este comportamiento oficial, puede haber varias explicaciones, la más importante de ellas es el nuevo papel asignado al Estado en las coordenadas del capitalismo financiero, con dos características esenciales: la primera, es garantizar que las minorías opulentas sigan acumulando ganancias; la segunda, es controlar y reprimir, en su caso, a quienes se opongan a este proceso de saqueo de la riqueza producida colectivamente.

Así, el anunciado combate al narcotráfico y a la inseguridad pública se convierte en simples hechos cosméticos para eclipsar la verdadera esencia de un Estado incapaz de garantizar la función primigenia y contractualista de cuidar la seguridad personal de los ciudadanos y de sus bienes.

Epílogo. En la última fase del gobierno peñista los intentos por redirigir su política de seguridad ya resultan vanos y meros juegos de artificio, puesto que perdió la oportunidad de edificar una política distinta a la del calderonismo y, lejos de ello, reprodujo los reflejos primarios de creer y hacer creer que la fenomenología delincuencial puede combatirse sólo con instrumentos penales y reactivos. El resultado desastroso está a la vista.

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