Independencia de Poderes en Veracruz
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Por Armando Antonio Rangel González
Actualmente nuestra Constitución Federal establece en su artículo 49, que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”; es decir, la gobernanza y la vida pública de México se encuentra divida en estos tres poderes, los cuales gozan de plena independencia entre sí, pero mantienen una estrecha coordinación y vinculación, de acuerdo a los alcances que la propia normatividad establece.
No obstante, a lo largo de nuestra historia, la práctica ha superado a la norma, ya que hemos presenciado innumerables casos, sucesos y ejemplos en los que el Poder Ejecutivo, ejerce una marcada hegemonía sobre los Poderes Legislativo y Judicial. En este sentido, a raíz del triunfo electoral de MORENA y sus aliados en las pasadas elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, a nivel federal y en nuestro Estado, se ha presenciado un cambio en la forma de concebir y ejercer la política, al pasar de un régimen institucional a uno con un sentido más asistencialista.
Sin embargo, los efectos de la llegada de la Cuarta Transformación y de la muy peculiar forma de hacer política de los transformadores morenistas, ha venido a trastocar las relaciones entre los Poderes del Estado; algo que sin duda debemos tener muy presente, ya que no solo se trataría de lograr acuerdos comunes, sino que se iría más allá, con una sería infiltración de uno de los Poderes del Estado, en la toma de decisiones de los demás Poderes. Haciendo referencia a nivel estatal, en nuestros días se han hecho comentarios muy comprometedores, con serias acusaciones hacia miembros del Gabinete Estatal, por llevar a cabo una campaña de “persuasión” en la toma de decisiones de los demás Poderes.
Tal es caso del Poder Legislativo, donde miembros acusan de que personal del gabinete estatal realiza acciones de coerción en la intención de preferencias dentro del proceso de renovación de la dirigencia morenista. Así que supuestamente no solo los funcionarios del gobierno estatal envían a recomendados al Congreso del Estado, sino que además, utilizan programas sociales con fines partidistas dentro de su proceso interno.
En cuanto al Poder Judicial, las últimas declaraciones apuntan hacia que el Gobierno del Estado envió y/o aprobó la lista de 13 Magistrados que tomaron posesión apenas esta semana. Casos similares ocurren con organismos autónomos, los cuales también ejercen independencia con el Poder Ejecutivo, la cual en la práctica no es respetada; el mayor ejemplo se tiene en la Fiscalía General del Estado, donde ahora despacha la ex – Directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno o de igual forma, el reciente nombramiento de la ex – Procuradora Fiscal de la SEFIPLAN, al frente del ORFIS.
Con este comentario no se trata de minimizar o no valorar la trayectoria y/o experiencia de nadie; el objetivo ha sido el evidenciar que no se ejerce una plena independencia entre los Poderes del Estado mexicano; donde el Poder Ejecutivo, en su nivel federal y estatal, continúa ejerciendo su gran hegemonía hacia los demás poderes. Esta realidad debe cambiar y debemos empezar por nosotros mismos, aprendiendo y aplicando algo muy sencillo, “decir que no”. No seamos cómplices y partícipes de actos de nepotismo, impunidad, corrupción, influyentismo y/o compadrazgo; si aprendemos a decir no a cada práctica fuera de la ley, estaríamos simplemente haciendo “lo correcto”.
