Ciudad de México 6 noviembre 2026.- Trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro de labores en varios estados del País en protesta por la evaluación de desempeño que se aplicará en diciembre.

En Monterrey, los empleados bloquean de forma intermitente todos los carriles de la Av. Constitución, a la altura de Cuauhtémoc.

“Los derechos laborales, no son negociables”, gritan.

En Cancún, cerraron con candado el acceso a las instalaciones.

En la Ciudad de México, los trabajadores realizan un bloqueo sobre Avenida Insurgentes, en oficinas del Poder Judicial de la Federación, a la altura del La Bombilla.

Los inconformes impiden la circulación en ambos sentidos, permitiendo únicamente el paso de unidades de la Línea 1 del Metrobús. 

Con una lona, señalan que las evaluaciones que se tienen previstas para diciembre atentan contra la estabilidad laboral.

Otra protesta se registra en las oficinas del Poder Judicial ubicada en Periférico, a la altura de Las Flores.

También hay un bloqueo en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, frente a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) y al Palacio de Justicia Federal.

El cierre vial se registra entre Emiliano Zapata y Eje 3 Oriente, lo que también afecta los accesos de entrada y salida de vehículos de la TAPO.

Entre las sedes que se sumaron a la suspensión de actividades también se encuentran las de Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Guadalajara, Zapopan, Morelia, Uruapan, Toluca y Acapulco.

Asimismo, incluye instalaciones en Veracruz, específicamente en Coatzacoalcos, Xalapa y Boca del Río, así como en Tamaulipas, en Ciudad Victoria y Tampico.

En Chiapas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, mientras que en Guerrero se mencionan Chilpancingo y Acapulco.

También figuran sedes en Durango, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) rechazó que los exámenes puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas, como han advertido empleados inconformes con la medida.

“La evaluación no pone en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial. Es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas”, sostuvo.

La medida comprende a alrededor de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales adscritos a más de 900 tribunales y juzgados federales.

 El organismo precisó que la primera evaluación, prevista entre el 4 y el 15 de diciembre, tendrá exclusivamente carácter diagnóstico, por lo que no habrá aprobados ni reprobados y sus resultados tampoco tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia del personal.

 “El Acuerdo establece expresamente, en sus artículos transitorios Cuarto y Quinto, que esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial”, señaló.

 Explicó que el propósito de los exámenes es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia.

 La primera evaluación ordinaria, que sí tendrá los efectos previstos en la legislación aplicable, se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación correspondientes.

 El OAJ defendió que las evaluaciones constituyen una atribución constitucional prevista en el artículo 100 de la Carta Magna y establecida en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

 También reconoció el derecho de los trabajadores a manifestar su inconformidad y ejercer su libertad sindical, aunque insistió en que las evaluaciones representan una obligación legal.

 “El OAJ reconoce y respeta la libertad sindical y el derecho de las personas trabajadoras a expresar sus inconformidades; sin embargo, la evaluación del desempeño es una obligación legal a cumplir para identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial y no para justificar el despido de ningún trabajador”, indicó.

 En chats grupales de trabajadores judiciales se difundieron convocatorias para suspender actividades en sedes de la Ciudad de México, como el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y el Edificio Prisma, así como en Nuevo León, Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.

 Ante esos llamados, el organismo manifestó su disposición al diálogo para llevar a cabo las evaluaciones y proporcionar herramientas de capacitación al personal.

El OAJ insistió en que la finalidad del proceso es fortalecer la carrera judicial y mejorar las labores de los trabajadores en beneficio de la impartición de justicia.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) acusó que el nuevo esquema de evaluación del desempeño judicial busca desmantelar lo que queda de la carrera judicial y pone en riesgo la estabilidad laboral de sus trabajadores.

En un comunicado, la organización cuestionó el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, aprobado por el Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que establece mecanismos discrecionales para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales judiciales.

La JUFED advirtió que, bajo el argumento de implementar evaluaciones de carácter diagnóstico, se pretende establecer un sistema que podría utilizarse posteriormente para justificar la separación de trabajadores de sus cargos.

“Con el pretexto de implementar un proceso de evaluación para secretarias, secretarios, actuarias, actuarios y oficiales judiciales, con un supuesto carácter diagnóstico en las próximas semanas, se enmascara un mecanismo arbitrario que pone en riesgo la estabilidad de la función jurisdiccional”, señaló.

De acuerdo con la asociación, el esquema contempla que el 30 por ciento de la calificación dependa de cuestionarios de percepción subjetiva aplicados por superiores y compañeros, mientras que otro 60 por ciento será controlado unilateralmente por la Escuela Judicial.

La organización sostuvo que esta distribución resta importancia a la experiencia profesional y a los conocimientos técnicos y jurídicos de los trabajadores, al privilegiar criterios que considera sujetos a apreciaciones personales.

Con información de Melisa Correa