
LA REPÚBLICA CORROMPIDA
En política, hemos
visto que las prórrogas casi nunca son inocentes. Detrás de cada extensión de
mandato, ya sea en un sindicato, un rector, una universidad o un partido
político, suele esconderse un mensaje inequívoco: la desconfianza hacia las
urnas, el temor al relevo y la pulsión por controlar lo que, por estatutos,
debería pertenecer a la militancia.
Ahora es Morena, el
partido que se presume guardián de la democracia, quien se mira en ese espejo.
El Consejo Nacional discute la extensión del mandato de las 32 dirigencias
estatales hasta octubre de 2027. El argumento oficial: garantizar la
“continuidad operativa” rumbo a las elecciones intermedias, donde estarán en
juego 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.
Suena razonable a
primera vista: nadie quiere un partido descabezado en plena contienda. Pero en
el fondo se trata de una contradicción monumental. El mismo instituto que nació
con la promesa de erradicar los vicios de la política tradicional —el dedazo,
la imposición, el corporativismo—, hoy reproduce la vieja práctica priista de
prolongar mandatos a conveniencia del centro.
Los documentos
internos de Morena son claros: las dirigencias estatales deben renovarse cada
tres años. Sin embargo, con este acuerdo 27 de ellas conservarían funciones por
cinco años. La justificación es que se trata de una “medida extraordinaria,
proporcional y limitada en el tiempo”. Una manera elegante de decir: rompemos
la regla, pero lo hacemos en nombre de la eficacia.
La pregunta es:
¿desde cuándo la eficacia operativa se coloca por encima de la legalidad
estatutaria? El estatuto no es un adorno. Es la constitución interna del
partido, la carta de navegación que debe respetarse para que Morena no se
convierta en aquello que tanto criticó. Saltárselo por conveniencia electoral
es un mal precedente.
No olvidemos el
contexto histórico. El PRI dominó por décadas gracias, entre otras cosas, a la
perpetuación de sus caciques locales. Gobernadores, líderes sindicales y
dirigentes partidistas se mantenían en el cargo más allá de los plazos
formales. El resultado fue un sistema cerrado, autoritario, incapaz de
oxigenarse con nuevas voces.
Morena parece
caminar por esa misma senda. Extender los mandatos significa asegurar que los
actuales dirigentes —designados en su mayoría con el aval de la dirigencia
nacional— permanezcan como operadores leales al centro hasta después de 2027.
En otras palabras: se privilegia la disciplina política sobre la democracia
interna.
Es cierto, la
prórroga se vende como una medida “temporal”. Pero la historia política
mexicana está llena de medidas temporales que terminaron normalizándose. Basta
recordar que la reelección indefinida en el porfiriato comenzó también como un
“ajuste excepcional”.
El riesgo es claro:
si Morena justifica hoy que la continuidad es más importante que la renovación,
mañana podría aplicar la misma lógica en otros niveles, incluso en el plano
legislativo o gubernamental. La democracia no se defiende con discursos
grandilocuentes, sino con reglas claras y respetadas.
Conviene subrayar
que el partido oficial no sólo busca administrar candidaturas en los próximos
dos años, sino también llegar a 2027 con un aparato territorial intacto. Ese
año se definirá el futuro inmediato del proyecto de la llamada Cuarta
Transformación. Las dirigencias estatales son piezas clave: controlan padrones,
filtran aspirantes, deciden alianzas locales y, en la práctica, inclinan la
balanza en procesos internos.
Por eso la prórroga
no es un detalle menor, sino un movimiento estratégico para blindar al partido
en la antesala de la sucesión presidencial de 2030.
Morena debería
preguntarse si puede exigir transparencia, democracia y respeto a la ley en el
país, cuando internamente se acomoda la norma a conveniencia. Es la vieja
esquizofrenia política: hablar de democracia hacia afuera, practicar la
disciplina autoritaria hacia adentro.
La militancia que
apostó por un cambio auténtico tiene derecho a preguntarse: ¿dónde quedó la
promesa de no repetir las viejas mañas del sistema que tanto se criticó?
Lo que está en juego
no es sólo la permanencia de unas dirigencias estatales. Se trata del ADN
democrático del partido en el poder. Extender mandatos sin consultar a la base
ni respetar los estatutos equivale a minar la confianza en el propio
movimiento.
La democracia se
fortalece con reglas claras, alternancia y participación. Lo contrario —el
centralismo, la imposición, la prórroga indefinida— lleva al desgaste, a la
apatía y, tarde o temprano, a la fractura interna.
En política, como en
la vida, lo extraordinario tiende a convertirse en rutina. Y cuando las
excepciones se vuelven regla, la democracia se convierte en simulacro. ¿Verdad
Martín?