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“Tengamos presente en el futuro de las decisiones, si fueron equivocadas y/o acertadas”. Eso no quiere que no apoyemos al Presidente, porque lo que le salga bien es para todos.

Pide INAI a Presidencia las pruebas de corrupción en la construcción del NAIM.

Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar los documentos que sustenten las declaraciones hechas por Andrés Manuel López Obrador respecto a la presunta corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Lo anterior, luego de que Presidencia negara a un solicitante estos documentos, declarándose “incompetente” y lo canalizara a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para obtenerlos.

Ante la inconformidad del solicitante, el comisionado Joel Salas Suárez le dio la razón considerando que fue el titular del Ejecutivo federal quien hizo estos comentarios, por lo cual la Oficina de la Presidencia debería de contar con esta documentación.

El comisionado recordó que en campaña, el entonces candidato presidencial de la alianza “Juntos Haremos Historia”, calificó a la obra del NAIM como “faraónica” y aseguró que su construcción estuvo manchada de corrupción además de que era “un barril sin fondo”.

Salas Suárez, también enlistó la ocasión en la que, ya como presidente electo, López Obrador denunció por medio de un video que los empresarios pretendían hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto por lo que, con la cancelación del proyecto, se evitaba que “se hiciera negocio con el dinero de los mexicanos”.

Y remató con la consulta ciudadana a través de la cual el tabasqueño insistió en el tema de la corrupción como una cuestión elemental para proceder a la cancelación.

“Sin embargo en enero de 2019, ya en funciones, el presidente desmintió un presunto desvió de más de 17 mil millones de pesos por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y dijo que no hay elementos, pruebas suficientes para interponer denuncias penales contra involucrados en posibles actos de corrupción relacionados con el proyecto”, dijo el comisionado.

Lo anterior, pese a que en su último reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la deuda contratada para la construcción del aeropuerto en Texcoco tuvo un incremento de 6 mil millones de dólares.

Por lo cual, Salas Suárez cuestionó que, si bien la promesa de cancelar la obra ya se cumplió, “¿cómo se investigarán las posibles irregularidades señaladas por diversos actores? Se mantiene la polémica sobre si la cancelación del aeropuerto fue benéfica o no para el país. Esto significa que persiste la falta de información pública que permita dar cifras claras y concretas de la pertinencia de esta decisión”.

“Y es justo el presente recurso de revisión lo que nos sugiere una pregunta inevitable, ¿existieron o no actos de corrupción en la construcción del NAICM?”, añadió.

Para hacer valer la democracia, el comisionado sugiere que se despejen las dudas y la acción del nuevo Gobierno no quede como autoritaria.

Por eso demandan que, mediante la oficina de la Presidencia y demás instituciones competentes, se proporcione la información pública al respecto, debido que de esta manera “logrará que sus declaraciones y decisiones mantengan la legitimidad del voto popular y sobretodo que a ella sumen la legitimidad de desempeño”.

Y ya que estamos en ser cristalinos como el agua; el Sr. Presidente ordenó al Secretario de Comunicaciones y Obras públicas, se habrá la comunicación de los pilotos del helicóptero, en el que murió la Gobernadora de Puebla y su esposo el Senador de la República, así como un asesor y los pilotos, para que no quede duda si fue un crimen de estado; y recalco lo dicho por Amlo, “El que nada debe, nada teme”.

Como un recordatoria para muchos políticos incrustados en la administración Federal, Estatal y Municipal: La Toma de Decisiones Bajo Incertidumbre en La Administración Pública, es un sistema de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local.

Por su función, la Administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político (servidores públicos), «satisfaciendo» los intereses colectivos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata.

Se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas dependencias del poder legislativo integran la noción de «Administración pública» (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de «Administración general» en los otros cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de alguno.

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, la policía, las fuerzas armadas, el servicio de parques nacionales y el servicio postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado.