LAS PENAS INÚTILES
Pedro Peñaloza
“La historia de las penas, en muchas de sus páginas,
no es menos deshonrosa para la humanidad que la de los delitos”.
Del Vecchio
La presidenta Sheinbaum ha enviado una iniciativa de ley para castigar de 50 a 70 años de cárcel el feminicidio.
Esto seguramente produjo satisfacción en quienes creen que aumentar las penalidades puede disminuir la incidencia de este grave delito.
Lamentablemente, la realidad no funciona así. No hay nada nuevo bajo el sol, por ejemplo: la pena por el secuestro llega a ¡150 años!
La visión punitiva de la inquilina de Palacio está lejos de ser un pensamiento de la izquierda democrática, más bien reproduce el mismo paradigma de sus antecesores, muy parecido a Calderón, a Peña Nieto y repetido por López Obrador. Más allá de sus discursos legitimadores, practicaron el binomio del populismo punitivo y el militarismo.
El actual gobierno no tiene propuestas. Es decir, existe una incapacidad del grupo dominante para atacar estructural y sistemáticamente los vectores que influyen en los comportamientos ilegales y punibles. Su triunfalismo es engañoso.
Esta clase política que se asume “humanista” ha continuado y profundizado una Política Criminológica de carácter autoritario, violatoria al debido proceso y de la presunción de inocencia. Un ejemplo claro es la vigencia de la prisión preventiva oficiosa que significa una sentencia adelantada, cuya práctica fue declarada inconvencional por la ONU. La 4T con AMLO incrementó el catálogo de delitos graves en el Artículo 19 constitucional, defendiendo el abuso del poder punitivo que Sheinbaum reivindica.
La pesadilla de la prisionalización exhibe dos datos que son ilustrativos: según el Censo Penitenciario del Inegi 2025, el número de personas internadas en cárceles y centros especializados que no cuentan con sentencia aumentó a 97 mil 722, cifra superior a los 85 mil que se reportaron en 2024, prácticamente cuatro de cada diez presos no tienen sentencia (La Jornada, 17/julio/26, p. 7).
El otro elemento que muestra el Censo es la incapacidad para “atacar las causas”, ya que tres de cada cuatro personas detenidas no tenían antecedentes penales (Milenio, 17/julio/26, p. 4). Es decir, nuevas personas han decidido violar las normas penales y no desistir por una supuesta ayuda del gobierno.
En síntesis, la obsesión por el castigo del gobierno morenista únicamente representa golpes publicitarios, como lo fue en otras administraciones. La fórmula no puede seguir siendo: más penas es igual a menos delitos, en un país dominado por la impunidad y la desigualdad. No les importan los derechos humanos, seguirán erogando cuantiosos recursos públicos en militares y procesos judiciales reactivos y punitivos. Todo esto será inútil para contener las violencias expansivas.
